Adiós a la cita previa y llega el derecho al error: así es la reforma de la administración aprobada en Cataluña

Cataluña quiere dejar atrás una administración pública rígida, desconfiada y punitiva, para avanzar hacia un modelo más humano, proactivo y comprensible. En esa dirección, el Govern presentó el pasado julio una propuesta legislativa que persigue una "buena administración". Ayer, el Parlament aprobó finalmente esta norma, pactada entre el PSC, ERC y los Comuns, con un amplio apoyo parlamentario.

La proposición de ley sobre el derecho a una atención adecuada y una buena administración salió adelante con los votos favorables del PSC, Junts, ERC, Vox, Comuns y la CUP, mientras que el PP y Aliança Catalana optaron por la abstención. De las 21 enmiendas presentadas por Junts, se aprobaron cuatro, tres por transacción, y también una enmienda técnica del PSC. Las tres propuestas del PP fueron rechazadas.

La norma forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Govern en el marco de una modernización más amplia de la administración catalana, que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, considera una prioridad de legislatura.

El derecho al error: confianza en el ciudadano

Hasta ahora, solo la administración tenía el derecho a rectificar sus errores. Con la nueva ley, los ciudadanos también podrán hacerlo. El texto reconoce el derecho al error cometido de buena fe, lo que permitirá evitar sanciones cuando una persona se equivoque sin intención fraudulenta. El objetivo es sustituir la lógica de la desconfianza por la de la confianza mutua. En la práctica, los ciudadanos podrán justificar un error involuntario y corregirlo dentro del procedimiento correspondiente.

El mismo principio se aplicará a los empleados públicos, que solo serán responsables de sus actos en caso de culpa o negligencia grave. De este modo, se busca fomentar una cultura de la responsabilidad basada en la buena fe, evitando el miedo al error dentro del propio funcionariado.

Fin de la cita previa obligatoria

Una de las medidas más tangibles de la reforma es la prohibición expresa de la cita previa obligatoria para acceder a los servicios presenciales de la administración. Aunque seguirá siendo posible solicitar hora en determinados casos para mejorar la eficiencia del servicio, ya no será un requisito ineludible.

Con ello, el Govern pretende garantizar el derecho a una atención adecuada, especialmente para los colectivos vulnerables o que no dominen tanto el mundo digital, que en los últimos años se habían visto excluidos por la digitalización acelerada de los trámites públicos.

Un modelo más proactivo

La nueva ley supone también un giro profundo en la manera en que la administración se vincula con la ciudadanía. Hasta ahora, los servicios públicos tenían un funcionamiento esencialmente reactivo: solo intervenían cuando alguien realizaba una petición o presentaba una solicitud. Con la reforma, el objetivo es invertir esa lógica y avanzar hacia un modelo proactivo, en el que la administración tome la iniciativa.

En la práctica, esto significa que en gestiones habituales como el nacimiento de un hijo, un cambio de domicilio o la solicitud de ayudas de comedor escolar, será la propia administración la que se dirija a la persona afectada para ofrecerle los servicios disponibles. Así se evitará la repetición de trámites y la entrega reiterada de documentación. Este nuevo enfoque se aplicará siempre con el consentimiento explícito del ciudadano y en conformidad con la normativa de protección de datos.

Según el Govern, los primeros servicios con este carácter proactivo ya se están diseñando y comenzarán a ponerse en funcionamiento a lo largo del próximo año, empezando por los relacionados con el nacimiento de hijos, que servirán como proyecto piloto de esta nueva manera de actuar.

Protección ante errores administrativos

La ley también protege a los ciudadanos para que no resulten perjudicados por errores administrativos, especialmente cuando estos estén relacionados con prestaciones destinadas a cubrir necesidades esenciales. En esos casos, la administración no podrá reclamar la devolución de ayudas indebidamente percibidas si el error fue suyo.

Lenguaje claro y accesible

Otro eje fundamental de la reforma es la apuesta por un lenguaje claro y comprensible en la comunicación administrativa. La ley exige que los organismos públicos se expresen de manera “sencilla, entendible y accesible”, con el propósito de eliminar las barreras que provoca el uso de terminología demasiado técnica o jurídica.

Con esta medida, el Govern pretende acercar la administración a la ciudadanía, facilitar el diálogo entre instituciones y personas, y reforzar la transparencia en todos los procesos públicos.

Illa aboga por reformar pero no por desregular

Durante la presentación del informe del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (CETRA) este lunes en el Palau de la Generalitat, Salvador Illa defendió la necesidad de una transformación profunda del sistema administrativo catalán, aunque marcó un límite claro: “Reformar no significa desregular”.

Illa explicó que su Govern trabaja para simplificar y agilizar los trámites, hacerlos más accesibles y eficientes, pero manteniendo las normas que garantizan la seguridad jurídica y el interés general. De ese modo, advirtió de los riesgos de las propuestas de corte más liberal que defienden partidos como el PP, Vox, Junts o Aliança Catalana, que reclaman una reducción drástica de la burocracia. “Cuando se desregula nos encontramos ante fracasos enormes”, alertó.

El líder socialista apuesta por una posición intermedia: modernizar sin desmantelar, reformar para acercar la administración a las personas y reconocer el trabajo de los servidores públicos. “Una sociedad compleja, madura y moderna necesita reglas”, concluyó.

Desde el inicio de la legislatura, Illa encargó al conseller de Presidència, Albert Dalmau, la reforma integral de la administración catalana, uno de los pocos temas que genera consenso transversal en el Parlament.