La Audiencia Provincial de Barcelona ha elevado de 18 meses a dos años la condena a cuatro personas que agredieron a miembros del sindicato estudiantil S’ha Acabat durante la feria de entidades de la Universitat Pompeu Fabra, en febrero de 2022. El tribunal considera probado que los acusados actuaron por motivos ideológicos y que impidieron el ejercicio del derecho de reunión mediante el uso de la violencia.

Inicialmente, el Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona impuso una pena de un año y medio de prisión. Tanto las defensas como la acusación presentaron recursos. La Audiencia ha desestimado los argumentos de las defensas y ha estimado el recurso de la acusación, que solicitaba un aumento de la pena al considerar que los hechos constituían un delito contra los derechos fundamentales, con el agravante de discriminación ideológica.

En su fallo, ya firme, el tribunal concluye que los agresores actuaron movidos por un "rechazo e intolerancia hacia la ideología" del sindicato afectado. Aunque ha rebajado la cuantía económica que los acusados deben pagar en concepto de responsabilidad civil, ha endurecido la pena privativa de libertad al considerar la gravedad de la motivación ideológica.

Desde el sindicato S’ha Acabat, que se define como defensor de la libertad de expresión en el ámbito universitario, han celebrado la decisión judicial como un "precedente histórico". En un mensaje difundido en redes sociales, han señalado que la sentencia "dice alto y claro que la discriminación ideológica y el totalitarismo no tienen cabida en las universidades".

En sentido contrario, organizaciones de izquierda y colectivos antifascistas han criticado la resolución, que califican de "deriva judicial" contra el derecho a la protesta. El sindicato, que recientemente logró también que se revocara el veto a su participación en la feria de entidades de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), afirma que seguirá trabajando para "ensanchar los espacios de libertad" en las universidades catalanas.