Barcelona precinta 75 pisos turísticos ilegales en julio

El Ayuntamiento de Barcelona ha redoblado sus esfuerzos para combatir la actividad ilegal de viviendas de uso turístico (HUT) en la ciudad. Con el objetivo prioritario de garantizar el acceso a la vivienda y recuperar propiedades para el uso residencial, el gobierno municipal ha adoptado una postura de "tolerancia cero" hacia estas prácticas.

Entre el 1 y el 5 de julio, los servicios de inspección municipales y los Mossos d'Esquadra realizaron una campaña conjunta en Ciutat Vella, donde se identificaron varios pisos turísticos ilegales. Posteriormente, el 15 y 16 de julio, se llevaron a cabo inspecciones en barrios como Dreta de l'Eixample, Sant Antoni, y el Gòtic, entre otros, donde se detectaron 75 pisos con actividad turística ilegal. Ocho de estos fueron precintados y se abrieron procedimientos disciplinarios.

En total, se inspeccionaron 134 viviendas. En 75 de ellas se confirmó actividad ilegal, en 16 se constató que ya no operaban, en 23 no se pudo acceder, y en 20 no se encontraron turistas. El Ayuntamiento continuará monitoreando estos pisos para asegurar que cesen sus actividades ilegales.

El Ayuntamiento de Barcelona ha identificado 38 redes organizadas o multiinfractores, de los cuales 22 ya no están activos gracias a las inspecciones y sanciones municipales. En total, se han abierto expedientes por actividad turística sin licencia en 812 pisos, con 386 sanciones y 49 órdenes de cese.

Desde 2016, la inspección municipal ha impuesto 10.987 sanciones y 10.625 órdenes de cese, recuperando 3,628 pisos para uso residencial. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que ejercerá el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de un edificio en la Dreta de l'Eixample, recuperando 21 viviendas actualmente destinadas a uso turístico.

El alcalde Jaume Collboni ha anunciado que el próximo año se duplicarán los recursos destinados a las inspecciones de pisos ilegales. Además, se implementará una estrategia más amplia y transversal, que incluirá la colaboración interadministrativa a nivel internacional, estatal, autonómico y local. Esto permitirá utilizar bases de datos y herramientas avanzadas para mejorar la eficacia en la lucha contra estas actividades irregulares. Esta línea de actuación se mantendrá en los próximos años para evitar un aumento de la actividad ilegal cuando expiren todas las licencias de los más de 10.101 pisos turísticos actualmente autorizados en noviembre de 2028.

Resultados y acciones recientes

En el marco de su actividad ordinaria, la Dirección de Servicios de Inspección ha llevado a cabo 1.214 inspecciones este año, dictando 944 órdenes de cese y abriendo 491 expedientes sancionadores. Durante la primera quincena de julio, se realizaron dos campañas específicas, inspeccionando 134 viviendas con indicios de actividad turística ilegal. La mayoría de estos pisos están vinculados a mafias o redes organizadas que operan de manera intensiva y masiva.

Estos grupos profesionalizados, que han surgido en los últimos años, manejan grandes cantidades de dinero, a menudo camufladas a nivel internacional. Sus actividades delictivas van más allá de la normativa administrativa y turística, incluyendo la evasión fiscal, uso de documentación falsa, y daños a propiedades.

Para abordar estas infracciones, las campañas intensivas de julio se llevaron a cabo en colaboración con varias administraciones y organismos, incluyendo la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Inspección de Trabajo, y el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), entre otros. Esta colaboración interinstitucional ha sido clave para recabar suficiente información que permita tomar medidas legales y llevar a cabo investigaciones.

En los pisos con actividad ilegal confirmada, se han abierto expedientes de cese que podrían culminar en sanciones económicas de entre 60.000 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. También se ha exigido a las plataformas que desactiven los anuncios activos y expulsen a los infractores. Además, los cuerpos de seguridad han registrado los datos de los inquilinos para sancionarlos por no notificar la identidad de los huéspedes a las autoridades competentes.