Su casero le acusa de "Okupa" a pesar de tener un contrato de alquiler vigente y estar empadronada en el piso: "No tiene sentido"

Ana y su familia enfrentan un desahucio inminente en Mataró después de que el propietario de su vivienda la acusara de ocupación ilegal, a pesar de existir un contrato de alquiler vigente a nombre de su marido y de que toda la familia está legalmente empadronada en el domicilio. El Juzgado de Instrucción 1 de Mataró ha admitido el trámite de la demanda y ha ordenado la expulsión cautelar de la vivienda, programada para el próximo miércoles, sin juicio previo ni posibilidad de defensa.

Un contrato vigente y un empadronamiento en regla

La situación resulta particularmente paradójica porque Arquímedes, el marido de Ana, firmó un contrato de arrendamiento de cinco años en 2022 con el mismo propietario que ahora les acusa de ocupación. Ana muestra conversaciones de WhatsApp que demuestran los pagos mensuales en efectivo que realizan cada mes sin falta, además de documentación que acredita su empadronamiento en la vivienda, procesos que en Mataró exige la aprobación previa del propietario.

Anna Olesti, abogada del Sindicat d'Habitatge Socialista que representa a la familia, califica el caso de "gravísimo e insostenible". La profesional señala que la elección de la vía penal en lugar de la civil sugiere una "estrategia premeditada y con mala fe", ya que la ocupación es la única circunstancia que permite esta vía legal para un desahucio. Olesti añade que el propietario, quien posee once sociedades mercantiles según reconoce el propio auto judicial, difícilmente puede argumentar el "grave perjuicio" que la jueza acepta en su resolución.

La familia, que incluye tres menores de edad, mantiene todas sus pertenencias embaladas en cajas ante la posibilidad inminente de desalojo. Ana, quien llegó desde Venezuela hace un año y medio, confía en el recurso presentado por su abogada y en el apoyo vecinal para evitar una expulsión que consideran basada en acusaciones sin sustento factual.