Desalojada una vecina de Barcelona de 78 años por el impago de 88 euros

Blanca Espinosa, una residente de 78 años del barrio Gótico de Barcelona, ha sido desalojada de su hogar tras esquivar durante meses múltiples intentos de desahucio. El desenlace ha generado una profunda conmoción en la comunidad local, que se ha movilizado en su apoyo, y ha suscitado un intenso debate sobre los derechos de los inquilinos y el papel de las autoridades municipales.

El pasado 22 de noviembre, Blanca logró evitar el quinto intento de desahucio gracias a la presión ejercida por los vecinos. En aquella ocasión, se acordó entre ella, el Ayuntamiento y la propiedad un plazo para negociar su permanencia en el piso donde ha vivido durante 55 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las semanas transcurridas, no se alcanzó ningún acuerdo y, lamentablemente, Blanca fue desalojada de su hogar el pasado jueves por la mañana.

El día del desalojo, Blanca aguardaba en su domicilio, ubicado en el número 6 del Carrer dels Boters, junto a la Catedral de Barcelona, rodeada por trabajadores sociales y miembros de los servicios municipales de vivienda. En un momento emotivo, expresó su deseo de permanecer en su hogar: "Me gustaría morir aquí", clamó. Sin embargo, la comitiva judicial llegó antes de las 9 de la mañana, y Blanca se vio obligada a abandonar su residencia.

Tras una prolongada conversación entre las partes involucradas, Blanca fue acompañada por un médico hacia un hotel temporal en el Carrer de Mallorca, donde se alojará hasta que se le asigne una vivienda pública con servicios para personas mayores. El acuerdo estipuló que solo podrá regresar al Gótico para recoger sus pertenencias.

La disputa legal y social que rodea el caso de Blanca se remonta a 2017, cuando la propietaria del piso la demandó por impago relacionado con obras de mantenimiento. A pesar de los intentos por negociar un nuevo contrato de alquiler, el aumento propuesto del alquiler, de 340 a 1.000 euros mensuales, resultó insostenible para Blanca, quien recibe una pensión de solo 500 euros.

El Ayuntamiento intentó mediar ofreciendo un subsidio de emergencia de 1.000 euros para cubrir parte del alquiler, pero la propietaria exigió garantías adicionales que el gobierno local no pudo proporcionar. Este desenlace ha suscitado una serie de críticas hacia el Ayuntamiento, especialmente hacia el Área de Derechos Sociales, liderada por Maria Eugènia Gay, acusada de romper el acuerdo en el último momento y de esgrimir argumentos insuficientes.

El colectivo vecinal "Resistim al Gòtic", que ha respaldado a Blanca durante todo el proceso, ha exigido explicaciones inmediatas y la reubicación de Blanca en una vivienda pública dentro del barrio. Mientras tanto, la justicia, en un giro contradictorio, ha respaldado el desalojo, considerando el retraso en el pago como motivo suficiente para la extinción del contrato de alquiler.