Brecha generacional: crece la pobreza infantil y ya afecta al 30% de los niños catalanes

El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 24% de la población catalana, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Aunque la cifra representa una ligera mejora respecto al año anterior, hay un dato especialmente preocupante: la tasa de pobreza ha aumentado entre los menores de 16 años, alcanzando el 34,9%. Esta tendencia contrasta con la reducción del riesgo de exclusión en la población general y pone el foco en la vulnerabilidad de los niños y adolescentes ante las dificultades económicas.

Los datos de la encuesta reflejan que, mientras en términos generales hay una leve mejoría en los indicadores de exclusión, la pobreza infantil ha crecido en el último año. Esto significa que más de un tercio de los menores de 16 años en Cataluña viven en hogares con ingresos insuficientes o en situaciones de privación material severa.

Tendencia

Esta tendencia es preocupante porque la infancia es una etapa clave para el desarrollo personal y social. La falta de recursos económicos en los hogares puede traducirse en dificultades para acceder a una alimentación adecuada, a actividades extraescolares o a material escolar, lo que repercute directamente en las oportunidades educativas y en la salud de los niños. Además, la pobreza en la infancia suele tener consecuencias a largo plazo. Diversos estudios indican que crecer en un hogar con dificultades económicas aumenta la probabilidad de padecer exclusión social en la edad adulta, creando un círculo vicioso difícil de romper.

Varios factores pueden estar influyendo en este incremento de la pobreza infantil. En primer lugar, el encarecimiento del coste de vida, especialmente en lo que respecta a la vivienda, ha provocado que muchas familias con hijos tengan dificultades para llegar a fin de mes. Aunque la renta media en Cataluña ha aumentado un 7,9% en 2023, los precios de la vivienda y otros gastos esenciales han subido a un ritmo mayor, lo que afecta principalmente a los hogares con menos ingresos.

Otro aspecto relevante es el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de las familias. El aumento de precios de los alimentos y de los suministros básicos ha golpeado especialmente a los hogares con menores recursos, limitando su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Además, la insuficiencia de políticas públicas específicas para la infancia en riesgo puede estar contribuyendo a este fenómeno. La Renta Garantizada de Ciudadanía, diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares vulnerables, no siempre llega de manera eficiente a todas las familias que la necesitan. Organizaciones del sector social han advertido que los trámites burocráticos y las dificultades para acceder a estas ayudas dejan a muchas familias fuera del sistema de protección. Otro dato relevante del informe de Idescat es el aumento del riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años, que ha crecido hasta el 17%. Sin embargo, la diferencia entre este grupo de edad y los menores de 16 años es significativa. Mientras que la pobreza infantil afecta a más de un tercio de los menores, la cifra en los mayores es prácticamente la mitad.

Esto sugiere que el sistema de pensiones ha conseguido reducir el impacto de la pobreza en la tercera edad, mientras que los mecanismos de protección para la infancia son menos efectivos.

La desigualdad generacional en el acceso a recursos económicos es un fenómeno que ya han señalado varios expertos y que pone de manifiesto la necesidad imperiosa de reforzar las ayudas a las familias con hijos.

Refuerzo de políticas

Ante este panorama, diversas entidades sociales han reclamado un refuerzo de las políticas públicas destinadas a la infancia. Algunas de las medidas propuestas incluyen el aumento de las ayudas directas a familias con menores a cargo, la mejora del acceso a la vivienda social y el refuerzo de la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar y ampliar la Renta Garantizada de Ciudadanía, de manera que llegue con mayor agilidad a las familias que la necesitan. También se ha planteado la posibilidad de crear una prestación universal por hijo a cargo, similar a las que existen en otros países europeos, para reducir el riesgo de pobreza infantil.