Tras el acuerdo llegado ayer ‘in extremis’ entre el PSC, ERC, los Comunes y la CUP, el Parlament ha aprobado esta mañana el decreto sobre vivienda que permitirá a Cataluña regular los alquileres de temporada y prorrogar la protección de la vivienda social.

Con 72 votos a favor y los 62 en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, Illa ha salvado el decreto sobre la campana, y ahora se tramitará como proyecto de ley, abriendo así la puerta a que se introduzcan enmiendas a lo largo de su recorrido parlamentario.

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha celebrado el pacto alcanzado y ha asegurado que desplegará el plan “con toda la energía y eficacia”. Además, ha defendido intervenir en el mercado de la vivienda porque “no está funcionando y deja fuera a mucha gente”, y ha subrayado que la vivienda debe ser un derecho y no una mercancía.

El presidente de la Generalitat ha intervenido en la sesión de control al Govern que se ha celebrado en el Parlament, antes del pleno en el que se ha aprobado el decreto sobre vivienda. Illa ha hecho una valoración “positiva” del acuerdo y ha agradecido “la predisposición” de los partidos con los que ha realizado el pacto.

Contenido del decreto

El decreto, sobre vivienda y urbanismo, modifica cinco normas y deroga otra. La principal novedad del acuerdo es la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, un alquiler se considera “de temporada” si el uso es turístico, vacacional o creativo, por lo que no se define por cuánto dura el contrato sino por la finalidad del alquiler. De esta manera, algunos propietarios podrían intentar disfrazar un alquiler residencial como si fuera de temporada para esquivar la limitación del precio del alquiler, que está presente en zonas tensionadas como Barcelona. Con la tramitación de este decreto, los límites de los precios de los alquileres de temporada serán los mismos que los habituales.

Además, la suma de los precios de las habitaciones que se alquilen en un mismo piso tampoco podrán exceder el tope que debería cumplir el alquiler de la vivienda de forma unitaria.

El decreto también extiende la protección con fecha de caducidad de viviendas públicas, y se amplía la definición de gran tenedor en el registro público para incluir a personas físicas con un número elevado de inmuebles, lo que les permitirá ser sujetos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 20%.

Las posturas ante el acuerdo

Durante el debate parlamentario previo a la aprobación del decreto, cada partido ha fijado su posición ante el acuerdo.

Por un lado, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha “celebrado el primer gran acuerdo de todas las fuerzas de izquierdas progresistas” en el Parlament. Tras ser ratificada por el presidente de la Generalitat durante la sesión de control, Paneque ha defendido la hoja de ruta del Govern y ha asegurado que han atendido “un clamor mayoritario para fortalecer el derecho a la vivienda”.

Entre los que han apoyado el decreto, la portavoz de ERC, Esther Capella, ha asegurado que “es una buena noticia” y que se ha dado “un paso adelante”. Capella, sin embargo, también ha lamentado el año de demora de esta medida. Por su lado, los Comunes, que ayer advirtieron que si no se llegaba a un acuerdo la legislatura podría “embarrancar”, han puesto en valor el pacto y han señalado las políticas de los últimos 15 años del PP y Junts.

Por último, desde la CUP, la diputada Laure Vega ha celebrado que el acuerdo evite que “los fondos buitre dicten las políticas de vivienda” y ha invitado a Illa a explorar posibles consensos en otros ámbitos, a la vista del entendimiento alcanzado en esta cuestión clave.

Por contra, aquellos partidos que se han opuesto al decreto se han mostrado críticos con el Govern. Salvador Vergés, de Junts, ha acusado al ejecutivo de Illa de ser un gobierno ‘nini’: “ni nación, ni gestión”. Aunque ha asegurado que están de acuerdo en algunos puntos del acuerdo, Vergés ha lamentado que estén “atados de pies y manos de los Comunes”. Por su parte, el PP ha alertado de los efectos “nocivos” del decreto y en palabras de su diputada Eva García, ha lamentado que “la referente intelectual en vivienda” del Govern sea Ada Colau.

Vox ha afirmado que el decreto no supone una solución al problema de la vivienda, y ha lamentado que estas medidas “incrementan el intervencionismo”. Por último, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha reprochado al Govern que “sacrifique la calidad y dignidad de las viviendas para sacar rédito electoral”.