La Generalitat encara una negociación clave con sus socios parlamentarios para poder gestionar los cerca de 4.000 millones de euros extra recaudados durante el último ejercicio. Con los presupuestos de 2025 aún sin aprobar y prorrogados los del año anterior, la única vía para movilizar estos recursos pasa por la aprobación de suplementos de crédito. El Govern ha planteado repartir esa cantidad en dos decretos: el primero, ya aprobado por el Ejecutivo, destina 2.168 millones a mantener el funcionamiento de los servicios públicos y cubrir los gastos ordinarios y de personal.

Esquerra Republicana ya ha mostrado su disposición a respaldar este primer decreto, al considerar que está en línea con las prioridades del anterior Govern liderado por Pere Aragonès. Sin embargo, la formación independentista quiere reservarse el papel negociador en el segundo paquete, que asciende a 1.769 millones y aún no ha sido aprobado. Esquerra considera que ahí es donde podrá influir en las prioridades del gasto y dejar su huella en el destino de los fondos.

Por su parte, los comunes, liderados por Jéssica Albiach y con David Cid como portavoz parlamentario, han iniciado formalmente las negociaciones con la consellera de Economía, Alícia Romero, para pactar no solo el segundo decreto, sino también el primero. Exigen un acuerdo global que contemple sus demandas en materia de vivienda y sanidad antes de apoyar cualquier suplemento. De hecho, han advertido que sin un pacto cerrado en ambos bloques no respaldarán la primera convalidación, prevista para el pleno del Parlament del 6 al 8 de mayo.

Los comunes insisten en que su apoyo no saldrá gratis, y reclaman medidas en materia de vivienda. Sin embargo, esto no es novedad. Desde que Illa fue investido presidente, han sido varias las votaciones que ha sacado adelante tras duras negociaciones con los de Albiach, siempre incorporando sus propuestas, sobre todo en materia de vivienda. Para muestra, la semana pasada, que los comunes consiguieron que el Govern incluyera en su decreto ley la regulación de los alquileres de temporada y la protección de los pisos de uso social.

A pesar de todo, Cid sigue escéptico: añadió que los acuerdos del Govern con su grupo se deben cumplir con o sin presupuestos. Por ese motivo, pidieron al Ejecutivo que “se pongan las pilas” en la negociación del suplemento.

Condiciones imprescindibles

En la reunión entre los comunes y la consejera de Economía, de ese modo, el portavoz de los comunes trasladó lo que considera “condiciones imprescindibles” para aprobar el suplemento. Esas condiciones tienen que ver, sobre todo, con medidas en vivienda: destinar como mínimo 850 millones de euros de recursos propios a la construcción de viviendas de protección social (VPO); crear una unidad contra los desahucios que medie con grandes tenedores, fondos buitre y entidades bancarias, y destinar 100 inspectores para que se cumpla la ley catalana de vivienda.

"Necesitamos más recursos que nunca, pero no solo a crédito. El Institut Català de Finances debe hacer su papel, pero aquí también la Generalitat y la Conselleria de Territorio deben hacer su trabajo", sostuvo.

Tras el acuerdo de regulación del precio del alquiler de temporada y habitaciones, ve de sentido común garantizar que se cumple la ley y, sobre los desahucios, aseguró que su exigencia versa sobre que “en casos de desahucios que tienen un impacto social, porque estamos hablando de familias con niños, logren llegar a un acuerdo, que eviten desahucios y, en muchos casos, se pueda acordar un alquiler social", expresó.

Recursos en sanidad

Más allá de la vivienda, Cid explicó que también exigen al Govern destinar 13 millones de euros del suplemento a desplegar la ley de salud bucodental, y que están negociando medidas sobre salud mental y atención primaria, ámbitos que serán, dijo, "el gran caballo de batalla" de su partido en la negociación.

Pidió que se ponga en marcha el programa de atención psicológica y gratuita sin cita previa contemplado en el acuerdo de investidura entre los comunes y PSC, y reclamó garantizar el acceso a la atención primaria en 48 horas e invertir en nuevos centros y la ampliación de algunos existentes.

Plazos

Preguntado por el calendario de la negociación, afirmó que "sería positivo" que antes de acabar el mes de abril hayan cerrado un pacto porque, si no, el Govern no tendrá tiempo de ejecutar el paquete económico acordado y abordar los retos pendientes que, con la guerra comercial aprietan más, en sus palabras. Para él, el ritmo lo tiene que marcar la Conselleria de Economía, pero criticó su parsimonia: "Se le está pasando el arroz", afirmó.

Si a finales de abril no se cierra el pacto, descartó que los comunes rompan la negociación, pero advirtió que se juntaría esta negociación con la que pueda haber para los próximos presupuestos, que "el Govern debería intentar que tuviéramos aprobados antes de que empezáramos 2026".