Sigue la guerra en la CUP: exmiembro los llama "mierda", dice que se arrepiente de haber militado y llama a la rebelión contra ellos

La CUP sigue inmersa en una guerra interna entre el sector institucional y los sectores más radicales, con las políticas de vivienda como nuevo campo de batalla. El Sindicat de l’Habitatge Socialista de Catalunya, vinculado a una escisión izquierdista de la formación, ha convocado una movilización para frenar un desahucio en Gerona. Acusan al gobierno municipal, liderado por la propia CUP (Lluc Salellas), de ser responsable del desalojo, y lo tachan de “difamador” y “cómplice” de la especulación.

Desde el sindicato exigen plantar cara a “alcaldes que utilizan la vivienda como simple propaganda electoral” y acusan al partido de “asimilar el auge reaccionario” y “atacar al sindicalismo de vivienda”. Entre quienes han secundado el llamamiento está Santi Aranya, exmilitante de la CUP que formó parte de las listas municipales en Barcelona en los últimos comicios. Aranya ha declarado sentir "vergüenza" por haber pertenecido al partido, al que ha llegado a calificar de “mierda”.

Aranya ocupó el quinto puesto en la candidatura encabezada por Basha Changue y Adriana Llena y ha sido una figura destacada del movimiento prookupación en Barcelona. Pertenece a esos sectores radicales que durante años la CUP impulsó y que ahora se le vuelven en contra.

El desalojo viene dado porque se determinó que una madre, con su hija, no vivían en el piso que les había otorgado el Ayuntamiento, es decir, una vivienda social, sino que lo estaban realquilando para alojar a otras personas y, de ese modo, que pudieran empadronarse. Desde el ayuntamiento, la concejal de Igualdad y Justicia, Amy Sabaly, llegó a calificar el caso como un “fraude flagrante” en un alquiler social. Según su versión, la vivienda fue adjudicada hace once años a una persona que cumplía con los requisitos, pero que dejó de pagar hace siete y ha acumulado una deuda de 18.000 euros.

Además, Sabaly aseguró que la persona beneficiaria ya no reside en el domicilio, que ha empadronado a varias personas sin control y que se han producido conflictos vecinales. “Trabajamos para garantizar el derecho a la vivienda, pero también actuamos cuando alguien se aprovecha del sistema”, declaró.

El conflicto interno refleja la principal situación de la CUP: su intento de virar hacia la institucionalidad mientras carga con un legado de apoyo a movimientos antisistema. Esta fractura agrava aún más la crisis del partido, cada vez más hundido en las encuestas y sin una salida clara.

Tras un ciclo electoral adverso, en el que perdió buena parte de su implantación territorial, la representación en el Congreso y la mitad de los escaños en el Parlament, la formación emprendió un proceso de renovación. El resultado fue un giro pragmático, orientado a proyectar una imagen de partido útil y con capacidad de gestión institucional.