La CUP contra la CUP: un desahucio divide a los anticapitalistas y al movimiento por la vivienda

Girona se ha convertido en el escenario de un conflicto político que ha puesto en evidencia las tensiones internas en el entorno de la CUP. El desahucio de una familia en una vivienda social ha desencadenado un choque frontal entre el gobierno municipal, liderado por los cupaires, y el Sindicat de l’Habitatge de Girona, vinculado a sectores más radicales del movimiento por la vivienda.

El sindicato ha denunciado públicamente al consistorio por ejecutar “un desahucio con un proceso irregular” contra Nouama y sus hijas, y ha señalado directamente a la CUP por votar junto a Vox para llevarlo a cabo. En un vídeo difundido en redes sociales, acusan al gobierno local de actuar “como un fondo buitre” y de aplicar “mano dura contra la clase trabajadora”, alineándose, según ellos, con ERC y Junts en una política de “venta de humo”.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el ayuntamiento, la concejal de Igualdad y Justicia, Amy Sabaly, ha respondido con contundencia. Ha defendido la actuación municipal y ha calificado el caso como un “fraude flagrante” en un alquiler social. Según su versión, la vivienda fue adjudicada hace once años a una persona que cumplía con los requisitos, pero que dejó de pagar hace siete y ha acumulado una deuda de 18.000 euros.

Además, Sabaly asegura que la persona beneficiaria ya no reside en el domicilio, que ha empadronado a varias personas sin control y que se han producido conflictos vecinales. “Trabajamos para garantizar el derecho a la vivienda, pero también actuamos cuando alguien se aprovecha del sistema”, ha declarado.

Choque dentro del movimiento anticapitalista

El caso ha puesto de relieve las contradicciones entre el relato ideológico de la izquierda anticapitalista y la gestión institucional cuando accede al poder. No es la primera vez que sectores radicales del movimiento por la vivienda acusan a la CUP de traicionar sus principios al verse obligada a gestionar situaciones complejas desde las instituciones.

Desde el Sindicat de l’Habitatge desmienten la versión municipal. Aseguran que Nouama sí vive en el piso y que únicamente acogió de forma temporal a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Critican, además, que el ayuntamiento no garantizara el derecho a la defensa y basara su actuación en “falacias”.