El laberinto jurídico de la "superilla" de Consell de Cent, en Barcelona

El pasado 7 de septiembre saltaba la sorpresa. El juzgado número 5 de Barcelona dictaba una sentencia que ordenaba al Ayuntamiento de Barcelona devolver la calle del Consell de Cent al estado en que se encontraba antes de estrenarse la supermanzana del Eixample, una de las obras urbanísticas de la exalcaldesa, Ada Colau, que más aceptación ha tenido entre los vecinos. En concreto, la magistrada daba la razón a la denuncia presentada por la asociación de comerciantes Barcelona Oberta y obliga al Ayuntamiento a deshacer el eje verde de Consell de Cent, en el tramo entre las calles de Casanova y del Bruc, y deshacer también la plaza nueva que se ha creado en el cruce entre Consell de Cent y Enric Granados.

La respuesta popular no se hizo esperar y los promotores de la denuncia tuvieron que salir al paso de las críticas en una caótica rueda de prensa. Barcelona Oberta, pese a presentar la querella, admitió que no se esperaban la dureza de la sentencia el eje verde de la calle de Consell de Cent. El presidente de la asociación, Gabriel Jené, el secretario general de Fomento, David Tornos, consideraron que la resolución judicial creaba un «precedente histórico» dentro de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona. El abogado del recurso, José Soria, recordó que la demanda se puso en marcha apenas dos meses después de comenzar la obra y que, previamente, habían pedido medidas cautelares. «Si se hubiera parado y analizado ahora no estaríamos en esta situación de reversión», lamentó. A pesar del éxito judicial obtenido, Barcelona Oberta dejó claro que no quiere pedir la ejecución de la sentencia ni que se revierta el proyecto de la supermanzana del Eixample y emplazó a un proceso de diálogo con el alcalde Jaume Collboni. «No es nuestra voluntad volver al Consell de Cent anterior», remachó Jené.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, recurrirá la sentencia. Laia Bonet, teniente de alcalde de Urbanismo, quiso defender «la legalidad y el buen trabajo de los servicios jurídicos» del consistorio. Sin embargo, Bonet quiso marcar distancia con el anterior equipo de gobierno y aseguró que el actual Ayuntamiento «quiere practicar un urbanismo transformador desde el diálogo y el consenso, y no desde la confrontación». Dijo, además, que precisamente esta confrontación es la que ha llevado a «reforzar lógicas de judicialización» que han dado lugar, precisamente, a la polémica sentencia.

Los barceloneses, mientras tanto, se mantienen expectantes. Las convocatorias de manifestaciones y de boicot contra Barcelona Oberta se han suspendido a la espera de acontecimientos. Por ahora, se han recogido cerca de 7.500 firmas de las que 5.000 fueron en los primeros dos días. A su vez, la portavoz de Bcomú y ex teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, aseguró que la investigación sobre un posible fraude en las subvenciones europeas a las obras de la supermanzana del Eixample «no tiene ningún recorrido» y «no se aguanta jurídicamente». «Es un sin sentido que se siga poniendo en cuestión que hay algún tipo de delito penal vinculado al proyecto de las supermanzanas», afirmó, y señaló que presentarán los informes que sea necesario ante el juez. «Estamos muy tranquilas», asegura.

De hecho, en un movimiento inusual, la juez de la supermanzana ofreció una mediación entre las partes para frenar su desmantelamiento. Sanz recordó que la sentencia que ordenaba deshacer un tramo del eje verde de Consell de Cent sitúa que, «en el peor de los casos, hay un problema administrativo, de tramitación». «Por tanto, ¿cómo se justifica ahora que hay algún tipo de actuación penal que puede implicar algún tipo de delito?», se pregunta.

La Federació d’Associacions de Vens i Veïnes de Barcelona (Favb), por su parte, también pedirá personarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recurrir la controvertida sentencia ya que, como vecinos, se ven «totalmente afectados» por el fallo. Han recordado que la pacificación de esta y otras vías de la ciudad es una reivindicación vecinal desde hace años, y que esta obra pasó por un proceso participativo antes de aprobarse. «Es normal que si el Ayuntamiento recurre la sentencia para defender su trabajo, también el movimiento vecinal tiene que recurrir la sentencia, porque también ha hecho mucho trabajo», valoraron en referencia al recurso del consistorio. En este sentido, explicaron que temen que la sentencia pueda servir de «ejemplificación» ante demandas que pesan sobre otras obras en la ciudad, como la peatonalización de la calle Girona.