La mesa de diálogo se queda en citas "discretas"

La Generalitat verbalizó por primera vez esta semana que daba por muerta la mesa de diálogo con el Gobierno, como mínimo, hasta después de las municipales de mayo. Un mensaje que el Ejecutivo de Pere Aragonès deslizó tras la reunión del Gabinete del martes y en plena resaca por los fallidos resultados de la reforma del Código Penal después que el Supremo mantuviera la inhabilitación a Oriol Junqueras. También tras la petición de la Fiscalía de penas de cárcel por el 1-O para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dirigentes republicanos del círculo de confianza del presidente de ERC. Después de esos golpes para la estrategia de los republicanos, el Govern empezó a enfriar en público la convocatoria del foro ante el horizonte electoral que se avecina, una realidad que el jueves derivó en una reunión secreta entre Aragonès y Félix Bolaños en Barcelona.

Un encuentro del que nada se supo y que se filtró a la prensa ayer, justo antes de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez lo confirmara en una entrevista. De hecho, solo se habló de una «reunión privada» para hablar sobre «temas de interés» entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno de Pedro Sánchez. Y durante el encuentro, ambos políticos valoraron la relación entre la Generalitat y la Moncloa, una vez el PSC ha apoyado los Presupuestos catalanes de 2023 y la legislatura de Pedro Sánchez afronta su último año de mandato. Información escueta que contrasta con los apretones de manos, las delegaciones publicitadas e incluso la disposición de las banderas o los comunicados conjuntos de las anteriores citas de la mesa de diálogo, en Barcelona o en la Moncloa.

Fuentes gubernamentales encuadran la reunión dentro de la «normalidad». «Como las que tiene con otros presidentes autonómicos», dicen en el entorno del ministro de la Presidencia. Sin embargo, el secretismo que rodeó la cita, que no estaba prevista en la agenda oficial de Moncloa, casa con la intención del Ejecutivo de mantener viva la entente con la Generalitat, pero apartada de los focos. Ya en la última reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Aragonès en Barcelona, ambos se emplazaron a trabajar con perfil bajo y solo convocar la «mesa de diálogo» cuando hubiera resultados concretos que certificar y anunciar. Todo para cultivar la alianza sin presiones externas –de la oposición del PP y Vox y, sobre todo, de Junts–.

Este objetivo cobra una nueva vertiente en el contexto electoral y a tres meses escasos del 28-M. Sin intención de convocar nuevas reuniones de la «mesa de diálogo», que debería haberse reunido antes de acabar 2022, y con una «agenda catalana» que Sánchez ya dio por culminada con las mencionadas reformas del Código Penal para derogar la sedición y abaratar la malversación, se da oxígeno a la relación entre los socios pero sin publicidad. Esto, a pesar de que la rebaja de las penas que se previó en la citada reforma no haya tenido el efecto reparador deseado.

Y, como suele ocurrir en las relaciones entre ERC y el PSOE, el mensaje del Govern es el contrario pero con el mismo objetivo de mantener abierta la vía: «No se puede hablar de normalización de nada», subrayan desde la Generalitat para recordar que hay muchos temas sobre la mesa y que es conocida la discrepancia entre ambos. Es decir, los republicanos quieren seguir manteniendo el mensaje de «excepcionalidad» ante el independentismo y ponen el acento en el carácter «bilateral» y directo de las relaciones entre la Moncloa y Aragonès.

«Nosotros mantenemos todos los puentes de comunicación con nuestros interlocutores y también con el Gobierno, que es quien precisamente en este proceso de negociación está al otro lado de la mesa», señaló ayer el propio presidente catalán en un viaje a Dublín. Al ser preguntado sobre el contenido de ese encuentro, respondió que las conversaciones «deben seguir siendo discretas», aunque añadió que «se tienen que cumplir los acuerdos».

Sobre la reforma del Código Penal y la fallida estrategia de rehabilitar políticamente a Oriol Junqueras, la estrategia de ERC también es clara y pasa por tratar de desvincular al Gobierno de las decisiones judiciales.