Los Mossos ya han detectado 16 presuntas operaciones irregulares de Tabernero en Cellex

La investigación judicial sobre el presunto desfalco de las fundaciones Cellex y Pere Mir ha identificado hasta 16 operaciones irregulares que, según los investigadores, evidencian un patrón sistemático de desvío de fondos hacia personas del entorno del empresario fallecido Pere Mir (entre ellas, el oncólogo Josep Tabernero, uno de los investigados). Entre esas actuaciones figuran donaciones de bienes inmuebles, transferencias bancarias a cuentas personales, subidas salariales injustificadas, donaciones de joyas y la concesión de pensiones vitalicias a familiares, que habrían servido para comprar el silencio de herederos incómodos. Todas estas operaciones sitúan la cifra en 6,2 millones de euros.

Una de las operaciones más destacadas afecta directamente a Josep Tabernero, jefe de Oncología del Hospital Vall d’Hebron y uno de los tres albaceas testamentarios del legado de Pere Mir. La jueza instructora, Silvia López Linage, ha puesto el foco en la donación a Tabernero y su esposa de una vivienda y varias plazas de aparcamiento en la exclusiva urbanización La Pleta de Baqueira-Beret, así como en transferencias por más de 300.000 euros procedentes de la sociedad SIMEX SL, sobre la que Tabernero disponía de poderes notariales.

Implicación de Tabernero

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, señala que Tabernero no solo acompañaba a Mir en su etapa final como médico y amigo personal, sino que también asistía a reuniones clave con Jordi Segarra, considerado el principal heredero y figura central del entramado patrimonial. Según ha trascendido, en los documentos intervenidos durante los registros consta que «el albacea a cargo de las operaciones ordinarias será Jorge Segarra Pijuan o, en su defecto, D. Josep Tabernero».

Un informe elaborado por la Unidad Central contra el Blanqueo de Capitales apunta a que Tabernero conocía determinadas particularidades de la gestión patrimonial que excedían su papel como médico y que lo situaban en una posición de conocimiento respecto al funcionamiento interno del patrimonio de Mir. Este patrimonio estaba vinculado a una decena de sociedades mercantiles con ramificaciones en Panamá, Reino Unido y Suiza, primero creadas por el empresario y luego heredadas por Segarra.

Se apunta a que la estructura internacional creada por Pere Mir habría servido para ocultar patrimonio y eludir sus obligaciones fiscales. El oncólogo Josep Tabernero habría estado, además, al tanto del funcionamiento de este entramado, una cuestión que todavía está dilucidando la justicia.

El Caso Cellex

La investigación judicial se puso en marcha tras la denuncia de Àngel Surroca, antiguo colaborador de Pere Mir en la empresa Derivados Forestales, quien ya había expresado sus sospechas en el libro «De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006)». A raíz de esa denuncia, la jueza Silvia López Linage adoptó las primeras medidas el pasado 16 de abril, ordenando la detención de los tres albaceas testamentarios, Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas, y la destitución del patronato conjunto de las fundaciones Cellex y Pere Mir.

Los tres habrían incurrido en un presunto delito de administración desleal y apropiación indebida, mediante un entramado de operaciones irregulares que incluía donaciones inmobiliarias, transferencias de fondos a cuentas personales, entrega de joyas y acuerdos económicos con herederos. Todas estas maniobras habrían tenido como fin desviar recursos de las fundaciones en beneficio propio o de terceros.

Desde entonces, el Departamento de Justicia de la Generalitat, a través del Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones, ha asumido el control de ambas entidades. Para ello se ha designado como administrador judicial a Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, quien lleva tiempo preparando un informe económico con el fin de constatar el alcance total del desfalco, que se estima en al menos 6,2 millones de euros.

Entre las últimas decisiones adoptadas por la Justicia figura la prohibición expresa de vender o alterar cualquier bien inmueble propiedad de Jordi Segarra. La medida afecta específicamente a una vivienda y una plaza de garaje ubicadas en el número 11-15 de la calle Raset, en Barcelona, sobre los cuales recae una hipoteca de 1,5 millones de euros constituida en el año 2020 a favor de SIMEX SL. Esta sociedad, precisamente, fue la que intervino en la donación del inmueble de La Pleta que recibió Josep Tabernero.

Tal es el alcance del caso, que la Generalitat de Cataluña ha decidido personarse como acusación particular en el procedimiento penal contra los tres albaceas investigados. El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, lo justificó afirmando que solo así podrán ejercer una «buena tutela» sobre las fundaciones Cellex y Mir Puig, (cuya gestión fue asumida por ellos) y «acceder a toda la información».