Illa se desvincula del caso Cerdán y secunda a Sánchez: "Tiene todo mi apoyo político y personal"

Todos los grupos parlamentarios, menos la CUP, han forzado con una sesión extraordinaria convocada al margen del orden del día la comparecencia de Salvador Illa, presidente del Govern, para dar explicaciones sobre las posibles implicaciones del llamado caso Cerdán o caso Koldo. Lo ha hecho a la defensiva, pero con una batería de anuncios, consciente de que una parte de la oposición quería más que explicaciones.

Illa ha negado cualquier vínculo entre su Govern y la trama: "Ni del informe de la UCO ni de las diligencias posteriores existe ninguna vinculación con el Govern de Cataluña, ninguno de sus miembros ni mi persona", zanjó desde el atril. "No existe ningún indicio, ninguno", ha repetido tajante. Acto seguido, ha defendido la actuación de Pedro Sánchez, ha aplaudido su "respuesta contundente" y le ha expresado su "apoyo político y personal". Del mismo modo, ha negado saber quién es el Chilli y ha defendido la integridad de su actuación al frente del Ministerio de Sanidad.

Illa se ha movido también hacia el terreno de las propuestas. Ha anunciado tres medidas: una futura Ley de Dirección Pública Profesional, impulsada desde la sociedad civil para garantizar que los mejores ocupen cargos técnicos; una ley catalana de protección de alertadores que denuncien corrupción, con garantías plenas de privacidad; y un posible paso más político que legal: el estudio para que el Govern se persone en la causa si se confirma perjuicio institucional en las obras de Adif en Sant Feliu de Llobregat. "No tengo ningún inconveniente en personar al Govern", afirmó.

El independentismo ve la corrupción inherente al Régimen del 78

Pese a los anuncios, Junts no ha dado por cerrada la cuestión. Mònica Sales, portavoz de los posconvergentes, le ha recriminado haber comparecido "tarde y forzado" y ha exigido garantías de que "ni por activa ni por pasiva" estuvo implicado en las adjudicaciones bajo sospecha. “Ese sapo de que el PSC no es el PSOE no se lo traga nadie”, espetó. Para Sales, el escándalo no es solo estatal, sino que afecta de lleno a Cataluña. “Hablamos de una obra pública. El Govern no puede quedarse de brazos cruzados”, reclamó.

Desde ERC, Josep Maria Jové se ha esforzado por elevar el foco del debate. Ha reclamado evitar el "y tú más" y centrarse en el "marco institucional que ha permitido estas tramas". Ha apuntado directamente a España: “La corrupción es inherente al Estado español. El régimen del 78 ha facilitado que gente sin escrúpulos robe y se enriquezca desde dentro de la administración”. Ha pedido acelerar la ley de protección de alertadores y blindar la Oficina Antifrau de Catalunya. Y ha lanzado una advertencia: “¿Qué hará si alguno de los suyos sale escaldado? Queremos su palabra de que tomará decisiones claras, caiga quien caiga”.

La CUP, por su parte, se ha mostrado especialmente crítica. Laia Estrada ha lamentado que Illa haya tratado los casos de corrupción como hechos aislados, cuando, según ella, son estructurales en el Estado español. Estrada Ha denunciado que la corrupción está “encubierta” por partidos, jueces, medios, directivos y cuerpos policiales. Ha asegurado que el PP no tiene legitimidad para dar lecciones, pero ha pedido a Illa que también admita que "nunca ha perdido tanto los nervios en el Parlament" como cuando los populares le mencionaron su supuesta relación con 'Chili'. Con ironía, ha rematado: “Nadie se traga que Sánchez no supiera lo que hacía su hombre de confianza, como tampoco que M. Rajoy haya sido nunca un enigma”. También ha apuntado a las empresas implicadas en tramas corruptas: "Dejen de contratar a estas grandes empresas corruptas que malgastan nuestro dinero y nos destrozan los servicios públicos".

Los Comunes, por su parte, socios preferentes de Salvador Illa en el Parlament, también expresaron que el Partido Popular no tiene derecho a hablar sobre corrución: "El PP es un partido gestionado para el enriquecimiento de sus dirigentes” y aunque ha dicho que no quieren entrar al "y tú más", ha acusado a Alejandro Fernández de no dar explicaciones por el caso Montoro. También ha acusado a Vox de estar “dopado con dinero de bancos húngaros”. Su portavoz, David Cid, ha pedido medidas contundentes y llegar hasta el final "caiga quien caiga".

El PP carga contra el “sanchismo”

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha cargado sin matices contra Salvador Illa atribuyéndole una clara “responsabilidad política” en el caso Koldo. "La corrupción es el peor virus de la política, el más grave cáncer de la democracia", arrancó, para luego advertir que no aceptaría lecciones ni el argumento del “y tú más” por parte del PSC: “No tengo ningún inconveniente en citar aquí la corrupción de mi partido. Que cada palo aguante su vela. Pero en el caso Koldo, es su palo y es su vela, no la mía”.

Fernández ha retratado a Illa como una figura clave del “sanchismo” y no como un actor secundario: “Usted es pieza estratégica y angular del sanchismo. No se puede entender el sanchismo sin usted ni a usted sin el sanchismo”. Le ha acusado de haber permitido, “por incompetencia, omisión u obediencia ciega al jefe”, que figuras como Koldo García o Ábalos tuvieran barra libre en el Ministerio de Sanidad, hasta hacerse con el control de las contrataciones públicas en plena pandemia. “Las reminiscencias torrentianas de semejante banda se veían a la legua”, ironizó.

El jefe de filas del PP catalán ha culpado a Illa de abrir la puerta al escándalo al centralizar la compra de mascarillas y prohibir que las comunidades autónomas lo hicieran por su cuenta. “Ese fue el socavón por el que se colaron Koldo, la Chilli y compañía”, ha sentenciado. Aunque ha reconocido que no hay ninguna imputación penal contra Illa, ha insistido en que sí hay una responsabilidad política evidente tras el informe de la UCO. “Es políticamente responsable del escándalo de millones de mascarillas defectuosas y sin homologar. Eso, a día de hoy, es indiscutible”.

Por su parte, el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado directamente a Salvador Illa de estar implicado en el caso, al asegurar que su nombre aparece en los audios incluidos en el informe de la UCO de la Guardia Civil, según el cual Illa mantenía conversaciones habituales con un tal 'el Chili', y habría favorecido a dos sociedades extranjeras que, durante la pandemia, “se llevaron el pelotazo” con contratos millonarios por mascarillas defectuosas. “Costaron 3,5 euros por mascarilla, cuando después una caja entera valía eso”, denunció. El dirigente de Vox ha advertido que Illa no puede desmarcarse ni de Cerdán ni de Ábalos, porque “el PSC y el PSOE son absolutamente lo mismo”, y ha vinculado el caso con supuestas ramificaciones catalanas como las obras adjudicadas por Adif en Sant Feliu de Llobregat.