Las sentencias en formato de lectura fácil, hacia una Justicia sin barreras en Cataluña

Si la lectura de una sentencia puede hacerse cuesta arriba para cualquier lego en derecho, para las personas mayores o con una discapacidad intelectual la retahíla de tecnicismos puede convertirse en un obstáculo infranqueable que la Generalitat quiere eliminar con un servicio que adapta las resoluciones a un formato accesible.

Frases cortas, pictogramas y párrafos breves justificados a la izquierda ayudan a no perderse en el salto de línea, transformando la resolución judicial -providencia, auto o sentencia- en "un texto que no echa para atrás", cuenta a EFE Laia Vidal, una de las encargadas de hacer la adaptación en la Asociación Lectura Fácil, entidad del tercer sector adjudicataria del contrato.

Según su codirectora, Elisabet Serra, su léxico sencillo y directo nunca debe cruzar la línea roja de la infantilización y, para no desvirtuar su rigor, mantienen expresiones propias del mundo jurídico y administrativo, como "sobreseimiento" o "recurrir", agregando anotaciones a los márgenes para aclarar su significado.

"Defendemos que el vocabulario en lectura fácil debe ser adulto, debe ser digno. No debemos banalizar nunca los textos que estamos adaptando, nos dirigimos a personas adultas y, por tanto, debemos mantener ese tono adecuado, pero no quiere decir que las palabras no puedan ser más sencillas o más directas", apunta.

El texto final llegará a su destinatario en un plazo de cinco días hábiles tras pasar la doble validación de un equipo de juristas y otro de usuarios de lectura fácil.

Desde 2003, la Asociación Lectura Fácil hace conversiones a formato accesible en literatura, medicina, documentación bancaria o incluso del manual para sacarse el carné de conducir, unas herramientas que aprovechan las entidades dedicadas a la inserción de personas con discapacidad, como es el caso de Aura Fundación, ubicada en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

"Normalmente son ámbitos donde ellos no acceden, siempre son las familias o las personas de apoyo y ellos ya no hacen ni el esfuerzo de acercarse", señala Carme Llorens, responsable de Atención a Familias en Aura, quien subraya que se trata de "información relevante en su vida", como las decisiones judiciales que, desde 2021, establecen sus medidas de apoyo (en sustitución de las sentencias de incapacitación).

En este sentido, una de las participantes de los programas de Aura, Sharon, de 26 años, admite que no entiende algunas de las cartas y documentos oficiales que le llegan a casa y que acaba recurriendo a "buscar por internet".

Mar, por su parte, también quedó abrumada cuando tuvo que tramitar su certificado de discapacidad. "Estás perdido cuando lees, no acabas de entender qué pasa. Sé que es importante porque viene del Gobierno pero no acabo de entenderlo, me falta algo", expresa, la joven de 29 años.

Ahora, hojea unos libros de lectura fácil de la biblioteca de Aura Fundación y celebra con alivio que las decisiones de los magistrados también puedan tener ese formato "tan pautado".

"No te encuentras lo típico de un libro con letra pequeña, todo seguido, que te pierdes cuando lees "incide" con las sentencias, si hacen esas cosas como en los libros, yo creo que va a ser mucho más fácil y la gente podrá estar más relajada".

A su lado, Marc, de 26 años, también conviene que "se agradece que no haya tantos párrafos tan largos".

El servicio de lectura fácil del Departamento de Justicia de la Generalitat está disponible desde febrero para resoluciones de tribunales catalanes y lo pueden solicitar a través de su abogado todas aquellas personas con dificultades lectoras transitorias o permanentes derivadas de una discapacidad, edad avanzada o trastorno de conducta, entre otros.

Disponer de un formato accesible de comunicaciones judiciales, entre otras medidas, como la de la figura del facilitador procesal, son derechos protegidos por la Convención de Naciones Unidas de Nueva York, aprobada en 2006; y también por el derecho español, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

"Es un servicio que debemos incardinar dentro de lo que conocemos como Justicia de los cuidados", responde a EFE la Secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, un formato que lejos de contemplarse como servicio aislado, "tiene como trasfondo filosófico esa ética del cuidado", defiende, incluyendo la empatía, el apoyo y el acompañamiento hacia donde caminan las políticas actuales.

Fue Asturias, en 2016, la pionera en España en adaptar una sentencia, una senda que siguieron luego otras autonomías, hasta el punto de que en mayo de 2023 este formato llegó incluso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde los magistrados pidieron el formato de lectura fácil para dos de sus resoluciones.