La Sindicatura de Comptes ha presentado hoy un nuevo informe en el que se recogen presuntas irregularidades cometidas por la dirección general d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA), en la prestación de ayudas económicas a jóvenes tutelados y extutelados.

El texto, que recoge La Vanguardia, afirma que durante 2016 y 2022, "el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de los que 7,17 pertenecen a expedientes prescritos".

El documento añade que "no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades", y subraya que "algunos pagos presentan incompatibilidades con otras prestaciones y con las rentas del trabajo".

La publicación del informe llega el mismo día en el que la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, comparece en el Parlament para dar explicaciones por el cese de la directora general y el subdirector de la DGAIA, así como para explicar el futuro de la dirección.