La Generalitat de Cataluña acaba de aprobar una nueva medida para castigar a los propietarios e inmobiliarias que intenten saltarse el índice de límite de alquier aprobado el año pasado. El nuevo régimen sancionador contempla multas que oscilan entre los 90.000 y los 900.000 euros para las infracciones muy graves. Así mismo, también establece sanciones por un uso fraudulento del alquiler de temporada.

Ustedes son muy críticos con el nuevo régimen sancionador propuesto por el Govern. ¿Creen que éste no será efectivo?

Creemos que es innecesario, no adecuado al momento y de poca efectividad. En primer lugar, es un régimen sancionador desproporcionado porque las sanciones, en algunos casos, superan incluso el valor de las viviendas. En segundo lugar, pensamos que no era neceario amenazar, criminalizando a los propietarios con estas sanciones excesivas. En tercer lugar, si se sanciona, debería haber sanciones para todos, también para aquellos inquilinos que no cumplen.

¿Qué es lo que no ven con buenos ojos, las sanciones o los importes de la mismas?

Todo. Creemos que es en los juzgados civiles donde se debe dirimir si hay o no incumplimento de los contratos, pero la administarción no se ha de meter en un ámbito que no es el suyo como es el del incumplimiento de un contrato civil. Así pues, debería ser el inquilino quien denunciara por la vía civil y no tendría que ser algo que se resolviera por lo administrativo. Además, con este tipo de medidas, el problema real, como es la falta de oferta en el mercado, no se resuelve. Ante una demanda sobredimensionada y una oferta en retroceso, estas medidas lo que hacen es empeorar la situación, ya que el propietario está cada vez más desanimado con el estrés legislativo al que está sometido y la falta de suguridad jurídica.

¿De qué forma puede impactar esta medida al propietario?

Si la situación del mercado se caracteriza por una oferta escasa y en retroceso y una gran demanda, lo que habría que hacer es cambiar el sentido de la legislación pasando a incentivar al propieatrio a sacar su vivienda al mercado de alquiler. Y está sucediendo lo contrario. Al no haber una oferta de vivienda social por parte de la administración, está en mano de los propietarios privados, que no van a ayudar a aumentar la oferta si no se les garantiza minima rentabilidad y seguridad jurídica.

¿Y qué efecto va a tener este régimen sancionador en el mercado del aquiler?

Esta desincentivación se manifiesta de diferentes formas: el propietario retira el piso del mercado, ya sea vendiéndolo o paralizando un nuevo alquiler, o bien cambia de objeto y se dedica al arrendamiento de temporada.Para un pequeño o mediano propietario, que con el esfuerzo personal o generacional ha ido invirtiendo en el sector inmobiliario como forma de ahorro, la amenza de la rentibilidad o la inseguridad jurídica son motivos para no seguir alquilando.

Ante este panorama, ¿los propietarios se decantan por el alquiler de temporada? En este contexto, ¿cómo impacta la nueva norma que obliga a señalar la finalidad del mismo?

En parte se está evidenciando una tendencia hacia esta modalidad de alquiler, que no está regulada por la ley de arrendamientos urbanos y, por lo tanto, no está sometida a estas grandes restricciones. A día de hoy, todo indica que para el arrendamiento tradicional viene mala época porque no se está apoyando y los propietarios se decantan por el alquiler de temporada. En cuanto a la norma, ésta es innecesaria porque todo contrato ya señala a qué se destina la vivienda. Es absurdo si lo que pretende es evitar un fraude.

Sin embargo, ¿ustedes reconocen que existe un problema grave respecto al acceso a la vivienda?

Sí y queremos contribuir a su solución, pero si el arrendamiento tradicional no se incentiva para que aumente, nos vamos a encontrar con un colapso que ya se está produciendo. Recientemente, con el Decreto ley 1/2025, se han vuelto a suspender los procedimientos de desahucio y de extinción de contrato, lo que supone que en algunos casos hay propietarios que no perciben el alquiler de su vivienda desde el COVID. ¿Cómo quieren que esta gente, a quien no han eximido de gastos e impuestos asociados a la vivienda, vuelva a sacar una vivienda al mercado?

Así pues, ¿se ha de actuar al respecto? ¿De qué manera?

En primer lugar, la normativa no ha de ser genérica, sino sectorizada. Así, las personas económicamente vulnerables tendrían que estar atendidas mediante alquiler social por parte de la administración, que además es su obligación;. En cuanto a las personas con capacidad económica pero para quienes el precio de mercado resulta alto, debería haber un plan de choque temporal, que consistiera en incentivar al propietaro con bonficaciones fiscales para que rebajara el alquiler por debajo del precio de mercado, eliminando los topes, que no pueden existir porque limitan el precio de alquiler mientras que los gastros del propietario van en aumento. Por último, el tercer sector es el del libre mercado, donde no debería haber intervención de la adminsitración.

Si la administración no cambia su forma de gestionar la situación, ¿qué prevén que puede pasar?

Que el acceso a la vivienda para la gente joven o con pocos recursos será imposible. Vamos a un colapso. La administración debería hacer un cambio radical en el planteamiento de la solución del problema, que pasaría por incrementar el alquier social y por incentivar a los propietarios privados para que aporten sus viviendas al mercado de alquileres, porque son los únicos que pueden incremenat el parque de viviendas de alquiler.