Justicia y Covid: “La acción no debe ser una reacción, sino una creación” (Mayo 68)

Sufrimos un sistema judicial viciado de entropía, mermado de energía capaz de generar trasformaciones y en estos tiempos, soportado por una carrera judicial sumida en la incertidumbre y desazón, haciendo baldíos los esfuerzos que desde sus filas surgen para afrontar con solvencia la implantación de una justicia de calidad y, en estos días tras conocer las peores cifras sobre la caída del PIB, alarmados por la falta de soluciones que desde el Poder Legislativo deben asumirse con toda urgencia. Parece que muchos entienden que la queja de la carrera judicial está confortablemente instalada en el problema de la justicia. Pero lo cierto es que la carrera judicial no se queja. Desde las trincheras judiciales se viven los problemas y necesidades de la justicia y desde sus filas se emprende, se buscan soluciones y se viene proponiendo el abandono de viejas inercias -modificando el modelo de organización judicial, creando tribunales de instancia, diseñando nuevas demarcaciones judiciales porque los flujos de habitantes se han modificado, reformando las leyes para dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad actual, dotando una planta judicial suficiente, renovando la organización de la oficina judicial, blindando la independencia judicial que es garantía de los ciudadano- en definitiva son muchas las propuestas y entre ellas urgente la imprescindible mejora tecnológica que precisa.

La magnitud de la nueva crisis económica que se atisba, desconocida hasta ahora, permite afirmar rotundamente que la justicia no podrá dar respuesta satisfactoria, por ello su reforma es imprescindible y en concreto la mejora tecnológica si bien no es la panacea, es una herramienta ahora no solo necesaria también urgente. Vivimos tiempos difíciles y por tanto, la sumisión del gasto público al criterio de eficacia es una regla absoluta. Esta sociedad no puede pagar un “precio” por una adquisición cuyo “valor” no lo justifica, y como dijo Quevedo “solo el necio confunde valor y precio” o la versión machadiana, “todo necio confunde valor y precio”. El precio a pagar por la mejora que precisa la justicia, es una “ganga” a tenor del valor que aporta a la sociedad una justicia eficiente. La justicia en esta crisis se debe erigir en uno de los elementos de la reactivación económica y sus dificultades son un lastre económico para todos:

El fracaso de la Justicia será una importante causa del empobrecimiento del país

Pensemos en los juzgados de los social. Se van a enfrentar a una avalancha sin precedentes. En esta jurisdicción se dirime el “pan y la sal” de los ciudadanos y en la celeridad de su respuesta se sustenta la viabilidad de las empresas, que no pueden ver aplazadas soluciones “per se” urgentes sobre sus plantillas. En dichos juzgados se dirimen las prestaciones y pensiones, por tanto, son procesos que no admiten demoras.

Pensemos en los juzgados de lo mercantil. El volumen ingente de nuevas solicitudes de concurso es inminente y la viabilidad del tejido empresarial de nuestro país cuya pervivencia se intenta en sede concursal, depende de la tempestividad de la respuesta de dichos juzgados.

Pensemos en la tardanza asentada en la jurisdicción contencioso administrativa, que determina, por ejemplo, que solo en el ámbito tributario estén innecesariamente retenidas en fianzas y cauciones sumas exorbitantes durante años. El retraso de esta jurisdicción genera la asunción por la administración de intereses insoportables, la seguridad jurídica que precisa la relación administración/ciudadano, exige tempestividad de la respuesta jurisdiccional, para evitar que se sigan consumando a diario situaciones contrarias a derecho que a su vez generan nuevos litigios. La situación de la jurisdicción contencioso administrativa determina que sea un orden jurisdiccional que sufrirá gravemente la sobrecarga de litigiosidad que, tras agotar la vía administrativa, se iniciará en distintas materias como las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de contratos del sector público, personal estatutario, ámbito sancionador, por citar algunos.

Pensemos en los juzgados de lo civil, en los que la crisis económica es determinante de un aumento de todo tipo de procesos generados por incumplimientos contractuales, desahucios, ejecuciones hipotecarias. La crisis también se refleja en el ámbito del derecho de familia, se trata pues de cuestiones siempre inaplazables.

El fracaso de la Justicia será una importante causa del empobrecimiento del país. España cuenta con una planta judicial preparada que se debate en un sistema de administración de justicia ineficaz, y la solución, que pasa por la creación de un nuevo sistema, no llega.

“Que te empapelen” se convertirá en España en la peor de las maldiciones

El viernes 3 de julio, en los jardines del Palacio de la Moncloa, se firmó el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, que suscribieron Gobierno, patronal y sindicatos, en el que se contiene una potente declaración de intenciones para la reactivación económica y social, que abarcan materias de política industrial, social, y de relaciones laborales. La voluntad implícita en dicho texto daba una oportunidad histórica para convertir la justicia en pieza de la reactivación. Sin embargo la posible expectativa optimista, se ha visto arrumbada por el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que propone soluciones parciales a problemas puntuales, y que deja a la Justicia abandonada a su suerte en la misma dinámica y con ello “Que te empapelen” se convertirá, en este país en la peor de las maldiciones