La exalcaldesa Castedo niega que le “apañara” nada a Enrique Ortiz

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, del PP, ha negado que facilitase información privilegiada o un posible trato de favor al promotor Enrique Ortiz, durante su declaración en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General (PGOU) investigado en el marco del ‘caso Brugal’.

“No le concedí nada ilegal y tampoco nada legal”, ha enfatizado, en respuesta a la batería de preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ante el tribunal que le enjuicia en la Audiencia Provincial de Alicante por esta rama del Brugal en la que también se sientan en el banquillo de los acusados su predecesor en la alcaldía, el también popular Luis Díaz Alperi, y el citado Ortiz.

La expolítica del PP ha destacado que “el 80 por ciento de lo que pidió a través de alegaciones fueron desestimadas y parece que aquí el señor Ortiz es el rey”, ha insistido.

En esta línea, a lo largo de más de una hora de interrogatorio la exalcaldesa ha señalado que la información que se le facilitó al conocido constructor desde la Gerencia de Urbanismo estaba relacionada con los sectores en los que el empresario ejercía como agente urbanizador.

“Es que en sectores como el APA 9, el PAU 3 o en el PRI del Rico Pérez, Ortiz era agente público urbanizador”, ha dicho: “Para entendernos, era administración, y lo contemplaba la Ley”, ha explicado.

De igual modo, pese a que se ha negado a responder preguntas relacionadas con las conversaciones telefónicas captadas por la Policía, Castedo ha señalado que la evidencia de que no hubo un trato preferente es que proyectos como el de la remodelación del estadio del Hércules, el José Rico Pérez, “no existe, no se ha llevado a cabo ni antes ni ahora, para desgracia de la ciudad”, ha recalcado.

De hecho, ha señalado que los técnicos emitieron un informe en el que se concluía que el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado por Ortiz no debía tramitarse de manera separada respecto al Plan General que estaba en fase de redacción.

También ha negado que intercediese para modelar planes en favor de Ortiz.

“No he apañado nada, ni el APA 9 ni el Rico Pérez”, ha dicho antes de aclarar que “por apañar yo me refiero a solucionar”. Y ha tratado de explicar que, en el caso del APA 9, se refería a la necesidad de dar una salida para que una carretera no afectase al sector y se expusiese al Ayuntamiento a tener que pagar una indemnización.

Respecto a la ‘solución’ para el Rico Pérez, ha dicho que se trataba de clarificar “quién era el propietario de los terrenos del aparcamiento anexo, y también se consiguió resolver que no toda la superficie era del Hércules”.

Del mismo modo, ha señalado que era “normal” que se celebrasen reuniones con Ortiz para hablar sobre los planes que le afectaban y ha negado que fuese posible favorecer recalificaciones de terrenos de este promotor para compensarle por terrenos de la partida de Fontcalent que iban a declararse parques naturales porque “eso no lo marcaba el Ayuntamiento, sino la Generalitat”.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Castedo sí ha admitido que tenía una “relación familiar” con el constructor, que se “agudizó” en el momento en el que ella asumió la Alcaldía de la ciudad, en el año 2008, en sustitución del también procesado Díaz Alperi.

Al respecto, ha reconocido que había compartido viajes con la familia de Ortiz, aunque ha señalado que fue ella quien asumió los gastos. Por lo menos, por lo que respecta a los dos viajes a Andorra realizados en las navidades de 2008 y 2009.

“Hablé con la mujer de Ortiz, ella me dijo en qué hotel iban a estar y cuál fue la agencia en la que había contratado el viaje, y yo fui e hice lo mismo”, ha explicado. “Los viajes los pagué yo, en metálico; una parte en la reserva y otra días antes del viaje”, ha apuntado.

No obstante, sí ha señalado que realizó un viaje a Ibiza en el yate del constructor en el verano de 2009 y que fue invitada. “Pague los gastos cuando salíamos fuera”, ha dicho.

Asimismo, ha señalado que contactó con Ortiz para que contratase a personas necesitadas, al igual que a otros empresarios de la ciudad, pero que eso “no se hacía a cambio de nada”.

El proceso sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante se sigue contra Castedo, Díaz Alperi, Enrique Ortiz, el constructor ilicitano Ramón Salvador, los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas más relacionadas con las empresas del constructor.

La Fiscalía sostiene que los dos expolíticos concedieron un trato de favor a Ortiz en la redacción del PGOU cuando todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas, entre ellas entregas de dinero en metálico, viajes a Andorra, Ibiza y Creta y un vehículo modelo Mini Cooper.