La defensa de Alfonso Grau dice que el juez hace “chascarrillos” en sus autos

La defensa letrada del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia en el que le pide que archive la causa del blanqueo de Taula en lo que concierte a su cliente, al que considera en todo momento inocente y, caso de haber incurrido en algún ilícito, señala que éste estaría prescrito.

Llama la atención en el citado recurso de apelación el tono y la crudeza con la que se refiere a la instrucción realizada por el juez y el fiscal de los que asegura que no respetan la presunción de inocencia ni el «in dubio pro reo», o que, al menos, lo hacen en menor medida que el código Hammurabbi, si bien no pide que se ejecute a los dos representantes del poder judicial en caso de no poder demostrar la culpabilidad de su cliente, algo a lo que era muy proclive el código babilónico.

Considera la defensa de Grau que el recurso de reforma que presentó al auto de procedimiento abreviado no ha sido rebatido por el instructor que solo se ha limitado a «hacer chascarrillos o comentarios impropios de su función» y dice que es «imposible establecer la más mínima concreción de acciones cometidas que, ni lejanamente, permitan el encausamiento de Alfonso Grau».

El letrado llega incluso a preguntarse si el juez está jugando «a regalar penas de banquillo» y añade que «no se puede tratar de estirar un chicle después de la inacción del instructor y del Ministerio Fiscal durante tres años sin mover un dedo en este procedimiento para luego acabar resolviendo con estos dislates jurídicos».

Respecto a la acusación de financiación irregular del partido, alega la defensa de Grau que «el conjunto de conductas descritas no constituía delito en el momento de su comisión» y que sacarlos de contexto supondrían «muy graves quebrantos de las garantías constitucionales».

Se agarra la defensa al argumento de que Alfonso Grau no era ni recaudador ni administrador sino solamente coordinador de la campaña electoral y asegura que «no hay ni una frase en el auto que impute una conducta delictiva al señor Grau» por lo que desconoce el abogado de qué tiene que defenderlo.

Respecto a la malversación de caudales públicos en la Fundación Turismo Valencia, recuerda el recurso que dicha entidad es de carácter privado, y dice que Grau solo presidía el mismo, sin capacidad ejecutiva, y que solo tenía 17 votos sobre cien por lo que nunca tomó decisiones, por lo que concluye que la acusación es «metafísicamente imposible».

Y respecto a la malversación en el Centro de Estrategias y Desarrollo dice que, de existir, estaría prescrita, aunque aprovecha recordar que no se ha encausado del exasesor de Grau, Jesús Gordillo «quien admite que falsifica la firma en un cheque para apropiarse de 150.000 euros».

Respecto al delito de cohecho pasivo de 2011 considera que está prescrito y respecto al blanqueo afirma la defensa que Grau ya no estaba cuando se imputa dicho ilícito y que en cualquier caso el dinero debería provenir de un delito anterior grave para que se considere delito de blanqueo.