Condenado en Alicante por tráfico de drogas tras ser investigado por un caso de violencia de género

Un hombre de 37 años ha sido condenado a un año y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas, después de que la Policía constatase que utilizaba su domicilio del municipio de Castell de Castells (Alicante) para ocultar, preparar y suministrar cocaína a terceros, durante una intervención relacionada con un posible delito de violencia de género.

La sentencia dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia detalla que los agentes acudieron a la vivienda del acusado el 18 de noviembre de 2019 tras atender a una llamada relacionada con un caso de malos tratos en el ámbito familiar.

En ese momento, la pareja del acusado, de manera voluntaria, hizo entrega a los agentes de tres botes en los que se contenía 7,9 gramos de cocaína con una pureza del 64,4 % que tenía preparados para su venta.

Además, al día siguiente, la mujer también facilitó a los policías una báscula de precisión y material empleado para preparar los envoltorios para la venta de la droga.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que se condenase al acusado a la pena de cuatro años de prisión como responsable de un delito contra la salud pública por la distribución de sustancias que causan grave daño a la salud.

No obstante, antes de que se desarrollase el juicio, la defensa del procesado negoció un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público por el que se concertó la imposición de una pena de un año y seis meses de privación de libertad -que queda en suspenso durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir-, además del pago de una multa de 500 euros.

“Narcolanchas”

Por otra parte, cuatro hombres han sido condenados a penas entre 6 y 2 años de prisión por formar parte de un grupo de narcotraficantes a los que les hundió un yate de recreo alquilado con dos toneladas de hachís y que escondían ‘narcolanchas’ en naves de Santa Pola.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante el principal condenado es el hombre al que se le hundió el yate.

Este individuo, que deberá hacer frente a dos multas de más de cuatro millones de euros cada una, alquiló este barco gracias a la licencia de patrón que le proporcionó un segundo acusado, también condenado en este procedimiento a un año y medio de prisión como cómplice de tráfico de drogas.

Además, la Sala ha impuesto penas de cuatro y dos años de cárcel, respectivamente, a otros dos inculpados como autor y cómplice de un delito continuado de contrabando, ya que almacenaban cuatro lanchas neumáticas semirrígidas de alta velocidad sin registrar en dos naves industriales de Santa Pola.

Las características de estas ‘narcolanchas’, de alta velocidad, con el casco y el puesto de mando modificado y sin inscribir en el registro oficial específico para su control, las convierte en género prohibido, por lo que su posesión constituye un delito de contrabando.

El fallo condena al propietario de estas embarcaciones a pagar una multa de 890.000 euros, así como a su cómplice, un empleado que colaboraba en la custodia y preparación de las lanchas, a abonar otra multa de 161.900 euros.

La resolución judicial, en cambio, absuelve por falta de pruebas a otras cinco personas que también estaban acusadas de contrabando y de encubrimiento.

Los hechos comenzaron el 27 de febrero de 2020 cuando el principal condenado alquiló en Torreviejaun yate de recreo con el que salió a navegar junto a otra persona no enjuiciada en esta causa.

De acuerdo con la sentencia, cargaron en el barco hasta 86 fardos con resina de hachís, con un peso total de casi dos toneladas y media, que pensaban dedicar a la venta a terceros.

No obstante, el exceso de carga y el mal estado de la mar hicieron naufragar el yate, que fue rescatado a 15 millas náuticas del puerto de Torrevieja.

El hachís se hubiera vendido por más de 4 millones de euros en el mercado ilícito.

A partir de este naufragio se inició una investigación que concluyó con la incautación en un polígono industrial de Santa Pola de cuatro lanchas rápidas, dos de ellas en proceso de fabricación y montaje, que no estaban inscritas en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad.