“No es tanto que falten funcionarios, sino que el sistema es estático y poco eficaz”

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha advertido en «miles de ocasiones» a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de que el sistema para conceder las ayudas derivadas de la Ley de la Dependencia es ineficaz. «Gracias por su ayuda, esperemos que llegue antes de que muera». Este es el mensaje que un ciudadano dejó a la Sindicatura tras saber que habían tramitado su queja. Luna lo reprodujo ayer como ejemplo de las consecuencias que tiene la gestión de estas ayudas que afectan a las personas más vulnerables y que centra elinforme anual de 2021.

El síndic, refiriéndose a las respuesta comodín que recibe de la Administración, dijo ser consciente de que la infrafinanciación lastra la contratación de empleados públicos, pero también tiene respuesta para esto. «No descartamos que el problema sea tanto la falta generalizada de personal, sino que el sistema es estático y poco eficaz en la gestión de recursos y que no tiene en cuenta el incremento de cargas de gestión que se producen en algunos servicios en momentos determinados y la disminución de otros».

En pleno siglo XXI los ciudadanos siguen perdiendo derechos en el laberinto burocrático en el que entran cuando piden este subsidio, la renta valenciana de inclusión o una vivienda pública.

Las dos primeras dependen de la Conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, la última está en manos desde el pasado mes de septiembre del otro vicepresidente y responsable de Vivienda, Héctor Illueca. Compromís y Podemos, respectivamente. «Somos muy críticos con la manera en la que se gestionan las ayudas» e insta a la Generalitat a abrir una «reflexión» porque los retrasos se suceden año tras año.

Luna considera que, especialmente en el caso de la Dependencia, cuya ley se aprobó en 2017, ha habido tiempo más que suficiente para constatar que el procedimiento establecido, en el que se involucra a los Ayuntamientos, no está siendo el adecuado. Los consistorios puede tardar un año en contestar- el plazo máximo está establecido en tres meses- y luego la Generalitat otro más. En todo este tiempo, los expedientes van de un lugar a otro, «ha implicado a los Ayuntamientos, pero no les ha cedido capacidad de decisión. Es un vaivén de expedientes».

Los retrasos están condicionando tanto la vida de los ciudadanos que genera efectos perversos. Durante la tramitación del ingreso mínimo vital, que puede tardar un año, el solicitante quizás consiga un trabajo. Aun siendo este temporal y precario el derecho a recibir la renta queda anulado, sin tener en cuenta el tiempo que ha estado esperándola y tampoco el dinero que cobra. «Se corre la voz y la gente deja de buscar trabajo» y además, apunta a que se trata de una interpretación de la Administración autonómica que vulnera la aplicación de la ley.

Por lo que se refiere a las ayudas a la vivienda, indica que solo se puede realizar de telemáticamente y que además, el hecho de que quede registrado como demandante no implica que vaya a recibir una respuesta. Pasan los años y no saben en qué situación se encuentran. «Se les pide que estén atentos a las convocatorias del Diario Oficial. No entienden a qué tipo de persona se están dirigiendo».

Luna también reprocha a la Conselleria de Sanidad que no se haya adaptado a la situación de pandemia, por lo que urge a solucionar el colapso en la Atención Primaria.

Mejorable o inadmisible, así opinan los grupos políticos

Los grupos parlamentarios Compromís y el PSPV respondieron ayer al Síndic. Reconocen que el sistema es «mejorable», pero recuerdan que ahora se tramitan 34.000 expedientes al año, cinco veces más que con el gobierno del PP.

Por su parte, tanto PP como Ciudadanos han coincidido en que el informe del síndic pone de manifiesto que la gestión de la Conselleria que dirige Mónica Oltra es «decepcionante para una persona que dijo que iba a cambiar las cosas». Además, inciden que sigue sin cumplir los plazos que marca la ley a pesar de que tiene el doble de presupuesto.