La Guardia Civil cree que el hermano de Ximo Puig pudo conseguir más de 120.000 euros al año con facturas falseadas o duplicadas

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha constatado en las diligencias practicadas que tanto Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, como su socio Juan Enrique Adell han podido presentar tanto facturas cruzadas (de otras empresas del grupo), como otras cuyo pago es dudoso e incluso en algunos casos, facturas de gastos que son dudosamente subvencionables. Considera también la Policía judicial que ambos socios han podido imputar el ciento por ciento de determinados gastos idénticos en la petición de subvenciones a ambas administraciones, por lo que lo subvencionado habría podido superar el importe de la actividad subvencionable, lo cual también supone un fraude.

Por todo ello, y tal y como informó ayer LA RAZÓN,la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Instrucción número 4 de Valenciaque instruye la causa sobre el posible fraude en subvenciones cobradas por Francis Puig, que lo cite a declarar tanto a él como a su socio Juan Enrique Adell, y que exija a la Intervención de la Generalitat Valenciana y catalana, que concrete el importe de las subvenciones recibidas por ambos gobiernos para el fomento del valenciano y el catalán respectivamente, y que la Policía judicial sospecha que han podido rebasar los 120.000 euros anuales, límite que establece la jurisprudencia para determinar si existe delito penal.

El informe de la Policía judicial de la Guardia Civil señala cuatro tipos de irregularidades en la justificación de los gastos realizados por las empresas Comunicació dels Ports, Mas Mut Produccions y Comunicació dels Ports.

En primer lugar se detecta la presencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para la obtención de subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería. Así se detecta que en la cuenta justificativa de gastos del año 2015 de Comunicación dels Ports se adjuntan facturas de Mas Mut Producción cuyo abono no ha quedado acreditado. Esta práctica se reitera en 2016, 2017 y 2018 y también aparece en la empresa Canal Maestrat, de la que es administrador solidario Adell Bover.

Por otra parte, hay facturas respecto a las que se cuestiona si puede ser gastos subvencionable como son gastos de repostaje en gasolineras, facturas de transporte, de teléfono, de gestoría, etcétera.

En tercer lugar, la empresas de los socios trataron de conseguir el ciento por ciento del gasto realizado en peticiones de subvención idénticas presentadas a la Generalitat Valenciana y también a la catalana, lo que supondría que se habría podido obtener subvenciones por un importe superior al gasto realizado.

Por último, la Guardia Civil también sospecha que el montante total de las subvenciones anuales podría superar los 120.000 euros para el fomento de la misma actividad “lo que viene siendo considerado por doctrina y jurisprudencia como condición objetiva de punibilidad” ya que “no basta ya con alterar sustancialmente los fines de la subvención, se hace necesario un desvío de cantidades en un monto superior a 120.000 euros”.

Ximo Puig: “que asuma su responsabilidad”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido este miércoles a la citación en calidad de investigado de su hermano, Francis Puig, y ha dicho que “si alguien hace algo que no es correcto y así lo determina la justicia, debe asumir su responsabilidad”.

Puig ha hecho estas declaraciones en Madrid tras su participación en el segundo Foro Económico Español Wake up Spain!, organizado por El Español, Invertia y D+I.

Preguntado por la reciente citación de su hermano, Francis Puig, por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en calidad de investigado en el marco de una causa abierta tras una querella del PP por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental, el presidente ha dicho no tener “nada que decir”.

“Es una cuestión que tiene que ver con la normalidad del funcionamiento de las instituciones”, según el jefe del Consell, quien ha mostrado su confianza en la justicia y en que “todas las empresas y las personas son tratadas con la misma vara de medir en la Comunitat”.

“Y si alguien hace algo que no es correcto y lo determina la justicia, debe asumir su responsabilidad, desde la absoluta serenidad y tranquilidad y esperando que la justicia tome el resultado que le corresponda”, ha agregado.