La trama Azud trató de conseguir mediante mordidas al menos nueve proyectos urbanísticos

La investigación de la causa Azud ha seguido de cerca al menos nueve proyectos urbanísticos llevados a cabo por las empresas del grupo Axis pertenecientes al empresario Jaime Febrer y para cuya consecución se habrían pagado comisiones ilegales, mordidas y se habría agasajado con regalos a políticos de todos los colores y funcionarios públicos de diversas administraciones.

Según los investigadores, una de las primeras actuaciones fue la permuta realizada entre el Ayuntamiento de Valencia y la mercantil Construcciones Valencia Constitución y que tuvo lugar entre los años 2001 y 2002. En ella participó, según los investigadores, “de forma imprescindible”, Alfonso Grau, y se realizó para la ampliación del Museo de la Semana Santa Marinera. Para ello era necesario la adquisición de dos casas situadas en la calle del Rosario de la ciudad de Valencia, algo que hizo Febrer tras una reunión con Alfonso Grau mantenida entre febrero y abril de 2001. Las viviendas fueron adquiridas por Construcciones Valencia Constitución por 243.650 euros. Y más tarde las permutó al Ayuntamiento de Valencia por un solar en la calle José Andreu Albarta valorado en 389.721 euros. Con independencia del beneficio que con la permuta logró la mercantil de Febrer, posteriormente, en julio de 2002 lo vendió por 763.186 euros.

Le siguió la operación urbanística denominada “de los colegios” por el que el grupo Mediterránea de Actuaciones Integradas asumía una deuda de 31 millones de euros del Ayuntamiento de Valencia fruto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que resarcía a diez congregaciones religiosas del menoscabo económico sufrido por la decisión del Ayuntamiento de restringir el uso urbanístico de varias parcelas donde estaban ubicados centros docentes de estas congregaciones. Mediterránea de Actuaciones Integradas estaba participada al 25 por ciento por Construcción Valencia Constitución, la empresa de Febrer; Astroc Mediterráneo, administrada por Gesfesa, de Federico Ferrando; y Grupo Nueva Esfera, cuya administradora era Mónica Montoro, quien fue detenida en la operación policial que también se detuvo a Alfonso Grau y Rafael Rubio.

Esta operación fue quizá la más compleja de toda la trama, y es la única en la que intervienen conjuntamente todas las personas que luego serían investigadas en causas diversas. De este modo, Mediterránea de Actuaciones consiguió una permuta por unos solares que fueron tasados por debajo de su valor real, como advirtió un informe del Ayuntamiento. Pero no solo eso, la selección de las parcela se hizo en connivencia con funcionarios municipales, como Esmeralda Orero, jefa del Servicio de Patrimonio, o el jefe de los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Valencia y dos jefes de servicio más contra los que no se sigue la causa al haber fallecido. Por supuesto también intervino activamente Alfonso Grau y Jorge Bellver, además de José Luis Vera, José Corbín y Rafael Rubio. Las principales mordidas se estiman en 1.200.000 euros para Alfonso Grau y 300.000 euros para Rafa Rubio que de este modo se introducía en la trama corrupta de Febrer. Además, Corbín se estima que cobró 186.000 euros y José Luis Vera consideran los investigadores que cobró 150.000 euros. Los funcionarios, aunque no se descarta que recibieran compensaciones en metálico, recibieron sobre todo regalos de marcas de lujo.

También planearon la constitución de una empresa de capital mixto entre el Ayuntamiento de Valencia, mediante la empresa Aumsa, y la sociedad Nou Biourbanisme para la construcción y gestión de vivienda de protección oficial (vpo). En esta operación se ha investigado a José María Corbín, Alfonso Grau, Rafael Rubio y Carlos Masià (gerente de Aumsa).

La trama Azud también proyectó la construcción e implantación de un hospital universitario de iniciativa privada, actuación en la que intervinieron tanto Alfonso Grau como José Corbín.

Otro de los asuntos en los que intervino fue en el proceso de ordenación urbanística del Grao, así como la adjudicación del contrato público del servicio de ayuda a domicilio.

La trama Azud también intervino en la operación urbanística desarrollada en el término municipal de Jijona en el denominado PAI El Espartal en el que se preveía la construcción de viviendas y un campo de golf y que finalmente no se hizo, lo que no evitó el cobro de comisiones durante el proceso y un gasto desmesurado en publicidad, que fue abonado a las mismas empresas que desarrollaron la campaña electoral del PSPV en 2007, según los investigadores.

También se intervino en una operación urbanística con el Ayuntamiento de Burjassot consistente en un concierto fraudulento para la licitación y adjudicación del derecho de superficie en una parcela titularidad del ayuntamiento de esa localidad. Para ello, tanto Febrer como Vera se reunieron con el entonces concejal de Urbanismo, José Ruiz Cervera. También en Burjassot se desarrolló la operación urbanística en el PAI denominado La Capella consistente en la recalificación de unos terrenos de no urbanizable a urbanos de uso terciario con el objetivo de promover en ellos un centro comercial y de negocios. Para ello, el grupo Axis de Febrer entró en conversaciones con el Grupo Eroski. Los investigadores señalan que en estas conversaciones y en las que se produjeron en el Ayuntamiento de Burjassot participaron tanto el empresario Febrer como representantes de Eroski, así como los concejales Jordi Sebastià (Compromís) y el ya citado José Ruiz Cervera (PSPV) y el histórico dirigente de UPV, Pere Mayor, ninguno de ellos imputado en la causa.

Por último, otra de las operaciones investigadas consistía en una operación urbanística para el desarrollo de un plan especial del desierto de las Palmas de Benicàssim, sobre una extensión de 329 hectáreas que eran propiedad de la Orden de los Carmelitas. El imputado José Luis Vera propició varios encuentros entre el empresario Febrer y el entonces alcalde de la localidad, Francesc Colomer, quien tampoco está imputado en la causa.