La juez de Azud investiga al diputado Jorge Bellver (PP) por facilitar contratas a Febrer

La juez de Instrucción 13 que instruye la denominada causa Azud ha investigado también al diputado del PP, Jorge Bellver, del que considera que facilitó contratos al empresario Jaime Febrer, desde su responsabilidad en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia que dirigió y también en la empresa pública Aumsa, cuyo exgerente, Carlos Masiá, está imputado.

La investigación de la causa cuyo secreto del sumario se levantó parcialmente el pasado viernes recoge cómo Bellver obtuvo regalos del empresario como un reloj Omega Seamaster o un Brentley, entre otros obsequios.

Además, Bellver habría facilitado a Febrer información sobre parcelas en las que se podría realizar un cambio de uso y por las que la trama corrupta habría recibido pingües beneficios. Estas parcelas estaban calificadas como suelo dotacional e iban a ser destinadas a la construcción de colegios, pero sin embargo fueron recalificadas como urbanizables y cedidas al grupo empresarial de Febrer como permuta por el pago de una deuda que tenía el Consistorio.

Jorge Bellver es diputado autonómico en Les Corts Valencianes por lo que la instructora no puede imputarlo sino que ha de solicitar al Tribunal Superior de Justicia que sea él quien decida si se le investiga o no.

El urdidor de toda la trama es el empresario Jaime María Febrer, que ya fue detenido en ingresado en prisión, así como el exprimer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien también fue detenido, junto al exsubdelegado del Gobierno, en la Comunitat Valenciana, el socialista Rafael Rubio, y varios empresarios más.

Como ha informado reiteradamente LA RAZÓN, entre los imputados en la causa hay empresarios de constructoras, funcionarios y por supuestos los políticos que fueron detenidos en su día. Los delitos que se imputan son tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, asociación ilícita y organización criminal.

La causa Azud ha tenido dos momentos principales que incluso ha hecho que se hable de Azud 1 y Azud 2, división práctica que no se refleja en la causa, en la que toda la trama de corrupción esta totalmente interconexionada.

Así, la primera vez que se tuvo conocimiento de la investigación fue cuando fue detenido el cuñado de la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José Luis Corbín, en abril de 2019. A Corbín se le detuvo porque la Guardia Civil considera que durante años fue «conseguidor» de contrataciones en el Ayuntamiento de Valencia, tanto en materia urbanística como de otro tipo. El excuñado de Barberá habría utilizado esta condición para influir en funcionarios y obtener favores por los que cobraba importantes comisiones. En ese primer momento, en 2019, también se detuvo al abogado Diego Elum, al parecer, amigo de Corbín, y al que la Guardia Civil considera socio en algunos tejemanejes, algo que Elum negó desde el primer momento.

La segunda parte de la causa Azud se inicia con la detención del exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau (PP) y del exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio (PSPV). A ambos se les acusa también del cobro de comisiones para conseguir contrataciones urbanísticas. En el caso de Grau, al ser la mano derecha de Barberá y el hombre fuerte del Ayuntamiento, gestionaba estas contrataciones, mientras que Rafael Rubio, líder entonces de la oposición socialista, guardaba un silencio cómplice. La detención y posterior encarcelamiento de ambos se produjo en mayo de 2021.

En esa misma operación se detuvo también al empresario Jaime Febrer, presunto urdidor de la trama y cerebro de la misma. Febrer, sin quererlo, colaboró con la investigación aportando a la causa una completísima agenda en la que apuntaba las mordidas que pagaba a dirigentes políticos y los regalos con los que compraba el favor de otros políticos y de un buen número de funcionarios, secretarias y gentes próximas a los dirigentes políticos.

Curiosamente, la defensa de Febrer en esta causa la ejerce el síndico socialista en Les Corts y abogado, Manuel Mata.

Además de a Grau, Rubio y Febrer, en ese operativo de la UCO se detuvo a más empresarios, y a la exalcaldesa de Xixona, Rosa Verdú y a un exconcejal. Además, se desarrollaron múltiples registros, entre ellos, el del domicilio en Gilet del histórico socialista, José Cataluña, que desde los tiempos de Joan Lerma ha controlado la financiación del PSPV, y según considera la Guardia Civil, no de forma limpia.

También fue detenido el responsable jurídico de la empresa de la Diputación de Valencia, Divalterra, José Luis Vera, persona muy vinculada al PSPV y que habría estado detrás, junto a José Cataluña, en el inicio de las relaciones de Febrer con Rubio. Vera, que fue magistrado suplente en la Audiencia Provincial, ejerció también la abogacía siempre ligado a los socialistas.

A partir del levantamiento del sumario el pasado viernes, las partes pasarán por turnos (hay más de sesenta imputados) a recoger el sumario que ya ocupa más de setecientos volúmenes, siendo probablemente la investigación sobre corrupción más extensa de las desarrolladas en la Comunitat Valenciana