"Mordidas"

José Luis Vera recibió casi un millón y medio de euros de la trama Azud por facilitar contratos en administraciones del PSPV

Los investigadores creen que es quien mayores “mordidas” recibió, junto a Alfonso Grau

Francisco Camps comparece como testigo en el juicio de Gürtel por la visita del Papa
Fachada de la Ciudad de la Justicia de ValenciaEnrique PalomaresEuropa Press

El abogado José Luis Vera, vinculado al PSPV, habría cobrado entre los años 2007 y 2012 al menos 1.341.086 euros de las empresas del grupo Axis (la matriz de empresas con las que Jaime Febrer habría comprado voluntades de políticos y funcionarios) para facilitar la adjudicación de contratos urbanísticos a dicha empresa por parte de aquellas administraciones que estaban gobernadas por el PSPV o el PSOE.

Vera, que ya fue detenido en el trascurso de la operación Azud, y que pese al escándalo fue mantenido en la Diputación de Valencia como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, bajo la presidencia del socialista Toni Gaspar, utilizaba sus vínculos e influencias dentro del partido para conseguir sus objetivos. En alguna ocasión, actuaba de la mano del también histórico socialista, y también imputado, Pepe Cataluña.

Según la investigación que obra en el sumario cuyo secreto se levantó el pasado viernes, Jaime Febrer y José Luis Vera habrían concertado al menos siete contratos con mercantiles del grupo Axis bien personalmente o bien a través de la mercantil Vera Llorens SLU, o bien a través de alguna sociedad interpuesta.

Según fuentes próximas al caso, del año 2007 al año 2011, Vera recibió de la Mercantil Construcciones Valencia Constitución la cantidad de 376.507 euros y de la entidad Nou Biourbanisme la cantidad de 46.400 euros. De otras mercantiles recibió otras asignaciones y no se descarta que pudiera recibir también dinero en metálico.

Los investigadores sostiene que la operativa impuesta por Febrer es idéntica a la creada con José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa, Rita Barbera, y también abogado. A ambos se les contrataba teóricamente por sus servicios profesionales como letrados, pero lo que realmente se les pagaba eran las gestiones para desbloquear asuntos urbanísticos o conseguir adjudicaciones dada su influencia, y dependiendo del color político de la administración en cuestión. Dicha operativa llega a coincidir incluso en las minutas que presentaban los despachos de cada abogado y que fueron durante años de tres mil euros al mes. Cabe señalar que los investigadores barajan que Vera hubiera podido recibir mayores ingresos que Corbín por estas gestiones.

Reunió a Febrer y a Rafael Rubio

Vera también fue el que puso en contacto en su día al empresario Febrer con el concejal socialista líder de la oposición Rafael Rubio, ejerciendo así su papel de desbloquear los asuntos que necesitaba el empresario. Rafael Rubio había denunciado irregularidades en la recalificación de parcelas que estaban destinadas originariamente a la construcción de colegios y que finalmente fueron recalificadas como urbanizables. En aquel momento, Rubio denunció las recalificaciones, muy beneficiosas para el urbanizador, y apuntó al entorno más próximo a al alcaldesa, Rita Barberá, en alusión a su cuñado José María Corbín.

Tras el encuentro en el que Vera hizo de mediador entre Rubio y Febrer, y que se produjo en un restaurante del Ensanche de Valencia, el socialista cesó en sus denuncias. Los investigadores aseguran que su silencio se pagó con 300.000 euros.

Vera no solo ejerció sus influencia en Valencia, sino que también medió para la consecución de contratos para empresas de Febrer en Burjassot y en Jijona, si bien la crisis de 2008 hizo que algunos de los proyectos se malograran. Llegó incluso a intermediar con empresas públicas estatales en etapa socialista.