La Abogacía de la Generalitat alega que el recurso del Gobiern contra la Ley de la Concordia se basa en "conjeturas"

La Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana fue una prioridad para el Consell que, al inicio de la legislatura, estaba conformado por PP y Vox. Se aprobó el 11 de julio del año pasado y sustituía a la Ley de Memoria Democrática, un texto que, a su vez, había sido una de la norma más importante para el Consell que lideró Ximo Puig con el apoyo de Compromís y Unides Podem.

El debate no pudo estar más polarizado, PSPV y Compromís aseguraron que recurrirían la ley ante todas las instancias posibles. El PP defendió que la ley establecía un marco de «reconciliación frente al odio» porque que reconocía las víctimas desde 1931 hasta hoy, sin «sectarismos ni etiquetas», Vox recalcó que la Segunda República también incurrió en «desmanes y terrorismo» y criticó a los que quieren aplicar «la memoria selectiva». Desde la izquierda coincidieron en que la ley usaba a las víctimas del terrorismo para «blanquear el franquismo» y «criminalizaba la República».

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central el 27 de mayo de 2025, y procedió de forma automática a la suspensión cautelar de varios artículos de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana.

El pasado 25 de junio la Abogacía de la Generalitat recibía la notificación para presentar las alegaciones a la suspensión.

Básicamente, argumenta que la ley autonómica invade la competencia exclusiva del Estado sobre «legislación procesal» y sobre «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas».

Afirma que, la norma valenciana, no condena expresamente el franquismo, por lo que está incumpliendo la ley estatal.

En el mismo, se argumenta que se vulneran los derechos fundamentales de las víctimas. Sin embargo, el escrito presentado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, asegura que se «ataca a la ley no por su contenido, sino por aquello que no dice y se considera que debería decir», simplemente porque se compara con la que elaboró el Gobierno del Botànic.

Señala también que el recurso del Gobierno plantea «hipótesis» respecto a las consecuencias que se derivarán de la aplicación de la Ley de Concordia valenciana, «se anticipa que incumplirá la Ley de Memoria Democrática haciendo conjeturas (...) que carecen del más mínimo fundamento» y para argumentar esta cuestión se remite al preámbulo de la ley aprobada por el Consell que dirige Carlos Mazón donde se afirma que la Ley de Memoria Democrática es el punto de partida.

Sin duda, uno de los aspectos que más ha criticado la izquierda es que la ley tenga la vocación de equiparar a todas las víctimas, pues abre un periodo temporal que va desde la Segunda República hasta la actualidad, incluyendo a las víctimas del terrorismo.

La Abogacía responde que se respeta el marco de la Ley de Memoria Democrática y que se «ensancha» para incluir a otras, por lo que «no puede generar perjuicios de imposible o difícil reparación».

También niega que la ley vaya a retraer recursos a las víctimas que sí estaban incluidas en la anterior normativa. «Las previsiones de la Ley de Presupuestos es muy clara y no va a suponer la merma de derechos que vaticina el recurso» pues se garantiza la atención a «todas las víctimas».

La Abogacía de la Generalitat señala que se ha reservado una partida de casi 3,8 millones para aplicar la ley, «habrá mayores beneficios para un colectivo mayor de víctimas», por lo que solicita levantar la suspensión.