Polémico estreno de la Ley valenciana de Concordia

El pasado 29 de julio el Diari Oficial de la Generalitat valenciana publicaba el contenido de la nueva Ley de Concordia valenciana, que sustituye a la anterior de Memoria Democrática y que fue aprobada por PP y Vox en Les Corts antes de que los de Abascal se vieran obligados a abandonar el Consell. En aquella publicación se establecía que la norma entraría en vigor a los veinte días, que se cumplen justo ahora.

El PSPV se ha mostrado hoy confiado en que el Tribunal Constitucional (TC) derogue esta nueva ley con la que el PP «hace efectivas las políticas de ultraderecha», mientras que Compromís insta al Gobierno central a acelerar la presentación de recurso al TC.

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, alertó hace meses de que el Gobierno central presentaría un recurso contra esta normal, al igual que lo hizo en las otras comunidades autónomas donde se aprobaron leyes similares. Hace casi dos semanas, Morant insistió en la presentación de dicho recurso y advirtió de que en breve se iniciarán las conversaciones entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana.

Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 -aprobada por el Botànic- que no se hayan concluido (menos los procesos de exhumación) decaen de forma automática con la entrada en vigor de esta norma, que abarca desde la segunda república a la actualidad, crea la «Unidad de Concordia» y establece que la Generalitat elaborará un «Catálogo de vestigios».

La portavoz de Memoria Histórica del PSPV-PSOE en Les Corts, Mercedes Caballero, ha destacado hoy que la nueva ley «contradice a los relatores de la ONU, a las universidades, a las asociaciones memorialistas, a quien está en contra de la dictadura franquista y a todo aquel que persigue la verdad, la justicia y la reparación».

Acusa al Consell de negarse «a respetar los derechos humanos, pero también a reunirse con el Gobierno central bajo la excusa de intromisión en las competencias autonómicas», y asegura que la ley valenciana «va contra la ley nacional», por lo que es «anticonstitucional», y se ha mostrado esperanzada en que el Tribunal Constitucional paralice su entrada en vigor, como en Aragón, una vez la recurra el Gobierno.

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó ha exigido al Gobierno que acelere el recurso contra una ley «de discordia que equipara a víctimas y verdugos, impropia de un estado democrático» y con la que Mazón «demuestra que su hoja de ruta es idéntica a la de la extrema derecha».

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que esta ley supone la recuperación «de la libertad» y del «sentido común» frente a las leyes «partidistas maniqueas» del Botànic, y ha defendido que equipara a todas las víctimas.