El Consell trabaja ya con la hipótesis de que el Gobierno no autorizará el FLA extraordinario

Es la crónica de una tragedia anunciada, pero que nadie dentro del propio Consell pensaba que llegaría tan lejos. Este 7 de julio, día de San Fermín, el Ministerio de Hacienda dará la última cornada a las cuentas de la Generalitat valenciana si no convoca la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y aprobar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario.

Debería haber estado en diciembre del año pasado, como era habitual, para cubrir los 2.500 millones de déficit acumulado de la Generalitat, culpa de unos objetivos de déficit igualitarios entre comunidades autónomas que para nada reflejan la infrafinanciación de algunas regiones como la Comunitat Valenciana.

"Lo peor es no saber", aseguran fuentes de la Generalitat, que ahora ya asumen que no llegara el 75% del dinero que debía llegar en julio, unos 1.900 millones de euros vitales para pagar a proveedores.

El presidente, Carlos Mazón, avisado por la Conselleria de Hacienda, pidió el pasado jueves 26 de junio un plan de ajuste que esperaban no tener que ejecutar, pero siendo conscientes de la "asfixia" financiera del Gobierno al no dar el FLA extraordinario.

Sin la aprobación del FLA, hoy la Generalitat valenciana retrocede más de una década a los tiempos de contención de gasto bajo la presidencia de Alberto Fabra.

Por el momento el Consell no ha hecho públicas a qué partidas afectarán. Desde la Conselleria de Hacienda insisten en que las farmacias no se verán afectadas y cobrarán sus facturas, aunque admiten que sin el FLA no podrán pagar todavía el pago aplazado de junio, que seguirá pendiente.

En el anuncio del plan se solicitaba centrarse en vender patrimonio de la Generalitat, reducir gastos superfluos, revisar las subvenciones y ahorrar costes con la digitalización. Además, se convocará un Comité Permanente de Seguimiento para comprobar que se mejora la gestión.

De sanidad a funcionarios

La situación, aunque en un contexto económico muy distinto al de 2012, recuerda al recorte que tuvo que hacer Fabra a principios de ese año, poco después de haber presentado los presupuestos para ese año, como pasa con Mazón.

Fabra entonces recortó hasta 819 millones de euros y tocó a todos, aunque el sector sanitario fue el más afectado. Las farmacias estuvieron seis meses sin cobrar, paralizó contratos de proveedores de resonancias magnéticas y redujo guardias de médicos. El otro grupo más afectado fue el sector público: redujo jornadas de funcionarios, paralizó los sexenios, suspendió planes de pensiones y redujo contratos a interinos.

Entonces, el ciudadano valenciano también se vio afectado: se crearon dos tramos para las rentas más altas en el IRPF, se redujeron las deducciones a quienes cobraran 24.000 euros anuales o más, se creó el impuesto medioambiental, se recuperó el impuesto de patrimonio y subió el de transmisiones patrimoniales al 8%.

Cabe resaltar que la situación recaudatoria y de las arcas autonómicas no es para nada igual ahora que en 2012, y aunque los impuestos difícilmente se verán afectados, los recortes a sanidad y funcionarios son indicativos de los principales gastos de la administración pública.