Las denuncias por okupación de viviendas descienden en Valencia un 58 por ciento

Las incidencias por okupación de viviendas registradas desde la Policía Local de Valencia se han reducido de los 474 puntos que había en 2023 a los 84 que quedan actualmente (durante los seis primeros meses del año). Estos datos hacen referencia a aquellas okupaciones de las que tiene constancia la Policía Local de Valencia porque las denuncia un propietario, o los vecinos o el policía de barrio, y no son pues el número total de viviendas okupadas de la ciudad, pero sí que da una imagen de la tendencia. Tampoco entra en estas cifras la inquiokupación, es decir, aquellos inquilinos que dejan de pagar la renta o que no abandonan la vivienda cuando ha caducado su contrato de alquiler. Además, por "puntos de okupación" se puede hacer referencia tanto a una vivienda como a un grupo de viviendas en una misma dirección.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado esta mañana la central de la Policía Local donde se está impartiendo un curso sobre los recursos legales contra la okupación de viviendas y una vez en la central, ha visitado la recién inaugurada oficina de antiokupación, a través de la cual, la Policía Local intenta mediar en los casos de okupación con todos los recursos asistenciales con los que cuenta la ciudad de Valencia para tratar de convencer a los okupas para que depongan su actitud. Si no se consigue, la oficina asesora también a los propietarios en los tramites legales para para seguir el cauce judicial.

“Hoy damos un paso más en ese camino hacia la protección de los derechos fundamentales que sostienen la convivencia en nuestra ciudad: el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada y, por supuesto, el derecho a una vivienda digna”. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado este lunes las instalaciones de la Oficina Municipal Antiocupación, una herramienta “que nace, precisamente, de la realidad que vivimos en muchos de nuestros barrios, y de la necesidad de dar respuesta a la preocupación ciudadana ante el fenómeno de la okupación”, tal como ha explicado.

La alcaldesa ha asegurado que “la ocupación ilegal de viviendas es un problema que, desgraciadamente, está ganando terreno en las ciudades y que está generando una preocupación creciente entre la ciudadanía”.

Durante su intervención en las jornadas de formación la alcaldesa ha apuntado que “se está realizando desde el principio de la legislatura un buen trabajo. Comenzamos trabajando en el año 2023 en 474 puntos complejos que tenían ocupaciones. Algunos muy significativos, por ejemplo, uno en Orriols que generaba mucha inquietud y que era una propiedad completa”. Gracias al trabajo policial constante ahora se está centrado y focalizado en 84 puntos. “Durante los últimos dos años hemos trabajado en la intervención policial generando un impacto de reducción del 58 por ciento de los puntos conflictivos, los puntos difíciles de ocupación que tenemos en la ciudad de Valencia”, ha apuntado la alcaldesa.

En este sentido la alcaldesa ha añadido que ahora hay en marcha una segunda fase, la de formación e información a la ciudadanía “convertirnos en elementos de información, de prevención, de asesoramiento para vecinos y comunidad de propietarios. Por eso, la oficina que hemos puesto en marcha en la Policía Local, que está totalmente centralizada, y está informando a comunidades de propietarios, media en las situaciones de complejidad donde puede haber aparecido una ocupación y sigue trabajando, este es el tercer pilar, de forma coordinada con los servicios sociales municipales en atender determinadas situaciones delicadas a través de los servicios públicos existentes”.

Diez mil viviendas vacías

Según ha revelado durante su intervención la alcaldesa, el barómetro municipal refleja que hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia que no salen al mercado del alquiler por miedo a la inquiokupación, “por lo que había que abordar esta cuestión para intentar que salgan al mercado de la vivienda más propiedades, generando esas garantías sobre el propietario, esa seguridad y ese elemento de tranquilidad que le puede dar el tener a la Administración detrás”, ha asegurado Catalá.

Catalá ha asegurado que, al contrario de lo que se asume a menudo “por parte de la opinión pública y determinados ámbitos de la esfera política, de que estas propiedades ocupadas pertenecen a grandes fondos o entidades bancarias, la realidad que hemos contrastado es bien distinta”. Según la alcaldesa, “muchas de estas viviendas son de pequeños propietarios, de personas mayores, autónomos o de familias que han confiado sus ahorros a una segunda vivienda y que, cuando sufren una ocupación, quedan en una situación de desamparo absoluto, sin recursos, sin apoyo y sin respuestas”.

Por eso, la Oficina Antiocupación de Valencia “llega en un momento oportuno para ofrecer respuestas rápidas y alternativas eficaces antes de llegar a los tribunales” añadiendo “la nueva oficina municipal extenderá su ámbito de actuación en tres líneas: En primer lugar, informar y orientar. En segundo lugar, prevenir y mediar. Y, finalmente, asistir y ayudar en los casos “donde existe una necesidad real de vivienda, casos que serán atendidos por los Servicios Sociales Municipales”. “Así pues –ha asegurado Catalá- esta oficina no nace con un carácter punitivo, sino con un enfoque equilibrado y social”.

Por su parte, Fernando Jiménez, comisario principal responsable de las siete comisarías de proximidad de Valencia, ha explicado que las denuncias llegan por los vecinos, por el policía de barrio o por el mail y teléfono de la oficina.

Jiménez ha diferenciado entre el allanamiento de morada y la usurpación. En el primer caso, el allanamiento es una delito flagrante porque están okupando tu vivienda o la segunda residencia. "En este caso no se habla de mediar porque procedemos a la detención". Y el segundo caso es el de la usurpación que es cuando se okupa una vivienda que no está habitada o una casa de un banco, "y a partir de aquí si que tenemos un trabajo que hace la Policía Local mediante una herramienta muy potente que es la mediación, mediante la empatía y los recursos sociales". Si ninguna de estas medidas dan resultado se informa al propietario que tiene que denunciar para iniciar el procedimiento de lanzamiento". Jiménez ha explicado que el allanamiento de morada es residual y respecto a la inquiokupación, ha señalado que "existe una prórroga de ámbito estatal por el que hasta el 31 de diciembre de este año no se puede hacer nada". También ha dicho que Orriols y el Marítimo son las zonas que concentran más okupaciones.

Compromís pide explicaciones

Desde el grupo municipal Compromís, el concejal Ferran Puchades ha registrado varias preguntas formales en la Comisión de Seguridad Ciudadana, exigiendo explicaciones sobre la composición y funciones reales de esta oficina, así como sobre su utilidad práctica. El equipo de gobierno, hasta ahora, ha sido incapaz de detallar qué personal la integra, con qué funciones concretas y qué aporta realmente la Policía Local en un ámbito que no es de su competencia.

Tal como recogen las propias instrucciones de la Fiscalía General del Estado, y los criterios de la Fiscalía Provincial de València, la persecución de los delitos de usurpación y ocupación de viviendas corresponde a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los órganos judiciales, no a los cuerpos de policía local. Las víctimas de estos delitos, además, ya cuentan con canales de asistencia públicos a través de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de la Conselleria de Justicia.

“El PP pretende hacer creer que la Policía Local puede actuar donde no le corresponde. Eso no solo es desinformar, sino también duplicar recursos públicos de manera ineficiente, generando confusión en la ciudadanía”, ha denunciado el concejal Ferran Puchades.

Desde Compromís aseguran que la Oficina Antiokupación se ha convertido en una cortina de humo mediática, una respuesta populista a un problema social complejo, que merece rigor, datos y políticas públicas serias de acceso a la vivienda, en las que Catalá está fallando. Para los valencianistas, las escenificaciones sin recorrido legal sobran.

El Ayuntamiento también ha informado de que para dar salida a las inquietudes, denuncias y demandas de la ciudadanía, se ha habilitado una dirección electrónica y un número de teléfono en la Oficina, que estarán dedicado específicamente a estos asuntos: ocupado.viviendas@valencia.es y 962.081.111.