Las farmacias valencianas celebran la apertura de una vía de solución al impago por parte de Generalitat, aunque aseguran que continuarán con las medidas de presión aprobadas durante su Asamblea Extraordinaria del pasado 1 de julio hasta que el compromiso de la Administración se concrete por escrito.

Así se ha pronunciado la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Valencia en un comunicado en el que indican que, tras la reunión que mantuvieron este martes en la Conselleria de Hacienda, consideran positivas las dos medidas que se adoptaron desde la Administración para paliar las consecuencias del impago farmacéutico.

Por un lado, se informó a los tres colegios oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana que la Generalitat recurrirá a los bancos para pedir préstamos por un total de 1.816 millones de euros ante la falta de fondos del FLA con el fin de liquidar lo impagos producidos tan pronto obtengan la liquidez que precisa.

Por otro, añaden las fuentes, "quedó patente el compromiso firme por parte de la Conselleria de Hacienda de asumir el pago del interés oficial de toda la factura mensual colegial, desde el primer día de impago hasta la liquidación de la factura mensual, mediante presentación de factura por parte del Colegio sobre dichos intereses".

Ante esta situación, la Junta de Gobierno del MICOF decidió mantener las acciones en curso, que fueron aprobadas en la pasada Asamblea Extraordinaria del 1 de julio, en espera de que se concrete documentalmente dicho compromiso.

Una vez se disponga de dicha confirmación, "se valorará el futuro de dichas acciones reivindicativas" y, para ello, se convocará próximamente una nueva Asamblea en la que se adoptarán las decisiones oportunas en función de la evolución de los acontecimientos.

El MICOF mantendrá su exigencia de "trato prioritario" en el pago de la prestación farmacéutica, solicitando que las farmacias "no sean consideradas meros proveedores, sino pilares esenciales del sistema público de salud".

También se continuará con la agenda de reuniones establecidas para reivindicar el reconocimiento legal de la prestación farmacéutica como un servicio público esencial, con las garantías jurídicas que ello implica.

Por último, el MICOF señala que continuará "trabajando con firmeza, serenidad y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de las oficinas de farmacia, proteger a sus colegiados y asegurar que ningún paciente vea comprometido su derecho a la medicación".