La Generalitat critica que el plan de Vivienda de Sánchez obliga a las comunidades a dedicar casi el doble de recursos que el Estado

El Acuerdo Estatal de Vivienda para los años 2026-2030, la propuesta estrella del Gobierno de España que Pedro Sánchez llevó a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes, es de todo, menos un acuerdo. Para la Generalitat Valenciana, es simplemente un "globo sonda sin aterrizar" al que, de momento, no están dispuestos a adherirse.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que el plan estatal "es muy difícil de rechazar" ya que supondría pasar de 2.300 millones entre los años 2022-25 a unos 7.000 para los años 2026-2030. De estos, la Generalitat Valenciana pasaría de 240,5 millones de euros actuales a 759,9 millones, triplicando la financiación con un aumento que sobre el papel sería difícilmente rechazable, pero que tiene truco según el Consell.

"Sánchez propuso ofrecer un incremento en el presupuesto de vivienda en el que ofrecía un incremento 2,4% del esfuerzo del Estado y exige un 4% a la Generalitat Valenciana", ha explicado Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. "Es un anuncio trampa, no consensuado, no debatido, no trabajado, el esfuerzo se lo exige a las CCAA y la letra pequeña lo desconocemos", añadió.

La realidad es que el Estado pasaría a aportar 4.000 millones de euros, pero el resto, 3.000 millones, sería asumido por las comunidades autónomas, ya que las competencias están compartidas. Esto supondría el aumento que mencionan desde el Consell que no saben si es asumible. "Lo que sabemos hoy es que el esfuerzo que está dispuesto a ejercer el Gobierno es muy inferior frente a la Comunitat. Las comunidades autónomas le dijeron a Sánchez: ¿con qué presupuesto lo hacemos? El propio Emiliano García-Page dijo: ¿de dónde saco este esfuerzo? ¿Se lo quito a Sanidad?", ha explicado la vicepresidenta.

Esa falta de claridad es la principal crítica del Consell, que de inicio no firmó el Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, que fue rechazado por todas las comunidades autónomas del PP y la Castilla La-Mancha del socialista Page. Solo País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias aceptaron la propuesta. "No se puede aceptar algo que no conoces", ha explicado, y ha criticado que el presidente "ni en la previa ni en la propia conferencia explicó de qué se trataba el Acuerdo. No gastó ni los diez minutos para detallar los aspectos de la propuesta", ha asegurado, y ha reafirmado que necesitan claridad antes de tener una postura definitiva: "Nosotros cuando conozcamos los aspectos nos podemos pronunciar".

Por último, ha criticado que el gobierno "chantajee" con no dar "ni un euro" para vivienda si no se acogen a la ley de vivienda impuesta sobre zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler. "Hicieron un comunicado diciendo que las comunidades autónomas no íbamos a recibir ayudas si no aplicábamos la ley de la vivienda, que es competencia regional. Nosotros no vamos a intervenir los precios, no es nuestra política de vivienda".

El problema no es la vivienda turística

Asimismo, la vicepresidenta primera del Consell ha reafirmado que la baja de más de 10.000 viviendas de uso turístico es debido a un "proceso de depuración y actualización" para "ajustarla a la normativa vigente". En total ha asegurado que se contaba con más de 100.000 viviendas en diciembre de 2024, de las cuales en torno a 20.000 serán dadas de baja antes de verano como informó la Conselleria de Turismo.

En todo caso, Camarero ha asegurado que esta no es una solución para la falta de vivienda. "El problema no está en la vivienda de uso turístico, pero sí hay que regularla y ajustarla a la normativa vigente. No somos partidarios de dejar crecer sin control el parque de vivienda turístico. Abogamos por un sector ordenado para crecer de forma sostenible, todo aquello no regularizado saldrá del mercado y lo que cumpla con la normativa lo respetaremos", ha indicado.