El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado la presión política ejercida por el Gobierno de Castilla-La Mancha para frenar el trasvase del Tajo-Segura y ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes.

Barrachina ha calificado este miércoles de "insolidarias e injustas" las declaraciones del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, contra el trasvase, quien ha calificando su funcionamiento de "barbaridad" y ha exigido su revisión en profundidad.

La Comunitat Valenciana "no puede seguir siendo víctima de un chantaje político disfrazado de discurso ambiental", ha afirmado el conseller, quien ha destacado que el trasvase Tajo-Segura "no solo es legal y necesario, sino que está amparado por unas reglas técnicas que se están ignorando deliberadamente".

Barrachina ha criticado en un comunicado "los 26 recortes políticos acometidos por el gobierno de Sánchez", que "perjudican gravemente" la producción agrícola y la economía de la Comunitat Valenciana, que depende en gran medida de este recurso hídrico para el riego de los cultivos.

Ha explicado que actualmente la cabecera del Tajo, que se encuentra en Nivel 1, supera los 1.400 hectómetros cúbicos, lo que permitiría, conforme a la normativa vigente, autorizar un trasvase automático, pero el Ministerio aún no ha resuelto la transferencia de caudales, a pesar de que la situación lo permite.

El conseller ha reclamado una actuación inmediata del Gobierno central para frenar lo que ha calificado de "atropello a la economía y el bienestar de la Comunitat Valenciana y en especial de Alicante", pues se trata del sustento de decenas de miles de familias y del futuro los campos y de la industria agroalimentaria.

"No vamos a permitir que se frene ni un solo metro cúbico del agua que nos corresponde", ha subrayado Barrachina, quien ha augurado que "el dogmatismo, sin rigor técnico, del Gobierno de Sánchez provocará pérdidas económicas de 6.000 millones de euros, la desaparición de 15.000 puestos de trabajo y la tala de 10 millones de árboles".

Ha insistido en que el Gobierno de la Generalitat Valenciana utilizará todas las vías a su alcance para defender el trasvase y garantizar el justo acceso al agua, porque el agua "no es propiedad de ningún territorio", sino "un bien común que debe gestionarse con justicia, solidaridad y rigor técnico, no con intereses partidistas".

La alternativa al trasvase, ha aseverado, "es el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y millones de árboles que se talarán si no llega el agua".

La Generalitat ha destacado que, pese a las abundantes lluvias de marzo y abril, que han elevado la reserva hídrica española al 74 % de su capacidad total (41.478 hectómetros cúbicos), persisten diferencias significativas entre las distintas cuencas hidrográficas del país y la del Segura continúa siendo la más afectada, con solo un 28,8 % de su capacidad, y es la única por debajo del 50 %.