La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre califica de "auténtico bulo" la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo y descarta que tuviera "cualquier tipo de efecto negativo" en los sucesos del pasado 29 de octubre.

Así lo expone la instructora en un auto emitido este miércoles, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que desestima sendos recursos de reforma de una misma acusación particular -familiares de un fallecido- que reiteraba su petición de práctica de diligencias de investigación relacionadas con la presa de Forata.

La jueza recuerda que ya existen incorporados al procedimiento informes remitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre las presas de Forata y Loriguilla, con datos del 28 de octubre al 1 de noviembre, así como los testimonios de personal y presidente de este organismo estatal.

Del testimonio de los técnicos y peritos y de la catedrática de Geografía Física de la Universitat de València (UV) Ana Camarasa, experta sobre el barranco del Poyo, se desprende que la presa de Forata no tuvo relación con el desbordamiento del barranco del Poyo, señala la instructora.

En el auto recurrido, recuerda la jueza, se expresaba que, al encontrarse la presa de Forata en una cuenca completamente distinta de aquella en la que falleció la pareja de la acusación particular, dicha prueba "en nada serviría para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento".

La acusación particular pedía la prueba al considerar que el fallecido, que murió cuando se encontraba en una caseta en Cheste, "fue abandonado a su suerte" mientras "todos los llamados a protegerle se centraban en que Forata no reventase, olvidándose completamente del Barranco de Chiva".

"El hecho de atender la situación de la presa de Forata no era incompatible con la alerta a la población", señala la jueza.

"También se alude al hecho de que dicha prueba permitirá la declaración como investigado del presidente de la CHJ", una cuestión, añade el auto, que "ya fue resuelta por la Audiencia Provincial de Valencia en auto de 19 de junio de 2025, por lo que carece de sentido" y por ello desestima el recurso.

Asimismo, la jueza indica en uno de los dos autos que se está efectuando un informe por la Guardia Civil que ha de basarse en documentos, conclusiones y declaraciones de peritos, y no en "simples aseveraciones no corroboradas y en manifiesta contradicción con la realidad incluso geográfica".

El bulo del número de víctimas

Cuestiona además que en el escrito de recurso, "de difícil lectura", "se apela de manera frecuente a que se debe buscar la verdad de los hechos, intenta introducir en el procedimiento bulos sobre el número de fallecidos", cuya cifra oficial es de 228.

"Se dice por dicha acusación que son más de 300 personas", sin aportar prueba alguna de dicha afirmación, nombres e identidades, mientras en otro escrito de reforma la misma representación fijaba la cifra de fallecidos en 257 y, "de forma insistente", en otro afirmó que los fallecidos eran 232.

En un auto previo el juzgado señaló que tres de los nombres del listado aportado por dicha acusación particular estaban repetidos y el cuarto supuesto fallecido estaba vivo, se trataba de un lesionado.

La magistrada ha emitido también una providencia en la que acuerda, entre otros extremos, incorporar a la causa las declaraciones de diversos perjudicados y citar a otros para el ofrecimiento de acciones.

Asimismo, comunica a las partes que se han adherido a la petición de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) relativa a la permanencia del órgano judicial en la Ciudad de la Justicia de València que ya se ha articulado dicha petición en un acuerdo de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de Catarroja.