Las medidas ideológicas del pacto Vox-PP en la Comunitat Valenciana: derogación de la Ley Memoria Democrática y lucha contra la violencia "intrafamiliar"

PP y Vox han cerrado este jueves un acuerdo de gobierno con los puntos básicos de su Gobierno y con 50 medidas que indican hacia dónde irá el próximo Gobierno valenciano.

En el documento se ha hecho público el nombre del que será vicepresidente de la Generalitat. Será Vicente Barrera, que también tendrá las competencias de Cultura. Además, se apuntan una serie de compromisos que dibujan también la carga ideológica de este pacto.

Sin nombrarlo específicamente, se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia. "Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos".

En cuestión de violencia de género, evitan utilizar este término para referirse a "erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

También se compromete a recuperar la Ley de Señas de Identidad que aprobó el PP en la última legislatura que gobernó y que fue una de las primeras que derogó el Consell de Ximo Puig. Aprobarán una leyque "proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'països catalans'".

En materia educativa, una Conselleria que el PP no ha querido ceder a Vox, aseguran que las familias podrá elegir no solo la lengua vehicular en la que estudien sus hijos, sino también el centro. Además, los padres autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares.

Aseguran también que se reforzará la inspección educativa para "sacar la ideología de las aulas".

En materia social, aprobarán una ley integral de la protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento y a otros gastos derivados de la escolarización de los menores. Así mismo, anuncian la revisión de las ayudas para garantizar que llegan "a las familias que más lo necesitan".

Por último, señalan la necesidad aumentar la seguridad en las calles y en garantizar el derecho a la propiedad.