El PP recurre al arrendamiento sin libre concurrencia de la base de la Alinghi por 50 años a Labora

El Grupo Municipal Popular ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno para conceder por 50 años una parte del edificio conocido como ‘La Base’, que fue la base del equipo Alinghi en la America’s Cup, dentro del recinto de La Marina a Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y que según los propios socios del gobierno de Ribó van a un despacho con vistas al mar para el secretario autonómico de Empleo (nombrado por Compromís).

Los populares alertan en el recurso que se incumple la legislación en esta concesión, se ha hecho sin libre concurrencia como si se ha hecho en otros edificios como Docks u otras bases de La Marina, que se han fijado un canon que puede ser perjudicial para los intereses municipales al fijar precios con estudios de hace 10 años y que se realiza una bonificación del 40% del precio sin justificación en el expediente, entre otras muchas presuntas irregularidades en este acuerdo que los populares ponen blanco sobre negro.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que la concesión de esta base de La Marina por 50 años está llena de despropósitos por “la opacidad y oscurantismo del alcalde Ribó que ha sacado adelante un acuerdo sin consenso ni con sus compañeros de gobierno y que demuestra una vez más la manera de gobernar de Ribó que sigue siendo un sectario que no piensa en los intereses de los valencianos sino de su partido. Tiene más de siete años paralizada la Marina sin actuaciones que generen riqueza y empleo, y ahora ha arrendado un edificio para despachos de la Conselleria de Economía en primera línea de costa”.

El Ayuntamiento ha arrendado a Labora una superficie de 2.086,69 m2, distribuidos entre la planta baja y la primera del inmueble, para instalar un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Los cinco primeros años no se le cobrará ningún canon por las obras de adecuación y luego este será un precio más que de “amigos” de 4.600 euros al mes.

Los populares en su recurso afirman que “el acuerdo de arrendamiento se ha realizado sin respetar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles establecido en el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

En su recurso afirma el PP que “tampoco consta el estudio de mercado para establecer el precio del arrendamiento, utilizando como propio el mismo precio que se estableció para el arrendamiento del CEMAS hace tres años, sin tener en cuenta el grave ciclo inflacionista que atraviesa la Comunidad Valenciana según el INE, con tasas que superan los dos dígitos (10,9% interanual julio 2022), cuando además la entidad arrendataria (Labora) no forma parte del Sector Público Local, beneficiándose de unas condiciones económicas perjudiciales para los intereses municipales”.

Ha datos que demuestran que el precio fijado con Labora por el Ayuntamiento podría suponer un presunto trato de favor y así se recoge en el recurso: “incluso, en el correo electrónico incorporado al Expediente entre La Marina y el Servicio de Patrimonio de fecha 27 de mayo de 2022 se reconoce lo siguiente: “Me indica que te diga que el precio de 3,75 m2 /mes partía de la base de unos estudios que se encargaron hace 10 años a consultoras inmobiliarias. Lógicamente ha pasado ya tiempo y la zona se ha desarrollado mucho por lo que los precios puede que ya no correspondan al mercado inmobiliario actual.”

“Dichos estudios encargados hace 10 años no han sido aportados al expediente municipal, como tampoco constan en el Expediente E-02350-2019-000003 que se tramitó para el arrendamiento del espacio del CEMAS en el mismo inmueble y sobre cuyos informes técnicos (que no constan) supuestamente se han utilizado como referencia para calcular el importe del alquiler en el presente contrato”, afirma el recurso del PP.

“En el expediente no consta ningún informe ni justificación del motivo por el que se aplica una bonificación del 40% del precio del alquiler por ser una administración pública”, añaden los populares en su recurso.

Más tiempo del previsto por la ley

En el recurso se deja clara la normativa que dice en su “artículo 106.2 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, establece que “Los contratos para la explotación de los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas” pero en el expediente municipal no consta justificación o motivación alguna por el que se acuerda una duración contrato de arrendamiento de treinta años prorrogables hasta un máximo de cincuenta años por periodos de 5 años”.