Leyes

El poder (uno de los tres poderes de antaño, aunque hogaño ya solo parece quedar este...) exime y perdona graciosamente a las élites en rebelión, convictas y confesas, del cumplimiento de la ley –por flagrantes y graves que sean sus delitos–, mientras se prepara para imponer legislaciones que afectan al ciudadano común de manera aterradora, como la «reforma de la Ley de Seguridad Nacional». La perpetración de tal reforma la ha concebido lo que semeja un grupo de osados legisladores, que después del experimento social y político que han supuesto estos dos años de pandemia, ya no se frenan ante nada ni ante nadie (solo podrían detenerse a sí mismos, con su poder absoluto).

Esta nueva ley quizás ya fue anunciada por el ex Pablo Iglesias en un tuit de marzo de 2020 que bramaba, advirtiéndonos: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)». Ilustró la cita con un vídeo donde su hoy sucesora, la señora Díaz, anunciaba que se disponían a «endurecer el confinamiento». Dejando claro que el gobierno priorizaría «el interés general por encima de intereses particulares», pese a que en una sociedad el interés general solo sea la suma de los intereses particulares de cada ciudadano. Se nos explicó que tanta aspereza, el rigor extremo del confinamiento, estaba encaminada a obtener «más derechos para los trabajadores».

Lo milagroso es que la forma que tuvieron de conseguir «más derechos para los trabajadores» fue prohibir el trabajo, impidiendo a los no privilegiados (aquellos que no podían teletrabajar) que acudieran a sus faenas. Ya estábamos avisados. No sé porqué se quejan ahora quienes lamentan que «la nueva ley puede rozar el abuso de autoridad». (Hay que emigrar. Pero ya... Todo lo demás, no importa).