El Gobierno pone coto a la «piratería» con una ley necesaria pero insuficiente

El Gobieno aprueba el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que aumenta el nivel de vigilancia sobre SGAE y otras entidades de gestión que también podrán ser sancionadas. Los «piratas» serán juzgados por lo civil con multas de 300.000 euros. Google y otros agregadores de contenidos deberán pagar a partir de ahora a los medios de comunicación por la información que utilicen

Una Ley de Propiedad Intelectual suele ser tan indigesta para el público como los Presupuestos Generales del Estado, pero luego ambos tienen efectos en la vida diaria de todos. El sector cultural venía pidiendo a gritos unas nuevas reglas del juego, primero por la irrupción de internet y luego tras haberse convertido nuestro país en el campeón «pirata» mundial. Además, escándalos como los de SGAE y sentencias europeas sobre la copia privada dejaban la sensación de que la norma esta vez iba muy por detrás de la realidad.

«Es la primera vez que una regulación de propiedad intelectual introduce el derecho de los editores (o de los periodistas si no lo tienen cedido) a obtener una compensación equitativa por el uso que de sus ediciones hacen los agregadores de noticias, sean contenidos informativos, de entretenimiento o de formación de opinion (columnas, editoriales...)». Así comunicó ayer José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura, una de las mayores novedades de la legislación propuesta por el Ejecutivo y que deberá pasar ahora el trámite parlamentario. Se refiere el responsable, sobre todo, a Google News y otros agregadores de contenidos que realizan sus páginas de información a partir de contenidos de otros medios informativos, extractando titulares y fragmentos de noticias de forma jerarquizada, lo que, en algunos casos, evita que el lector tenga que acudir a la fuente original para informarse. Desde que se apruebe la norma, habrá tres meses de plazo para que la Administración fije el procedimiento con el fin de establecer las tarifas. Luego, Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) dispondrá de otros cinco meses para negociar con estos agregadores, entre los que se incluye el popular Meneame. En caso de no llegar a un acuerdo será el Ejecutivo quien fije la cuantía.

Deberá quedar claro cuál es el catálogo de cada entidad de gestión, así como la necesidad de publicar las tarifas. El Ejecutivo ha hecho caso del dictamen del Consejo de Estado para que no se superpongan las administraciones en el control hacia estas sociedades. La vigilancia más cercanas sobre ellas la ejercerá la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. A ella también podrán recurrir todos aquellos clientes de las entidades (es tradicional sus disputas con el sector hotelero) en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre tarifas. Será éste el órgano que debe realizar la intermediación. No la Comisión de Defensa de la Competencia, como se pensó durante los trámites previos, aunque la misma podrá actuar como sobre cualquier otro sector en caso de que crean que hay prácticas monopolísticas. Existen previstas sanciones, cosa que antes no ocurría, pues la Administración sólo tenía como instrumento de control la revocación de la licencia, pero ningún paso intermedio. Según la gravedad de la infracción, podrían ser sancionadas con hasta un 2% de su facturación anual.

También se crea una ventanilla única (que tomará la forma de una web) a la que deberán dirigirse quienes quieran hacer uso del catálogo de estas sociedades. Deberá adoptar la forma de una fundación o una sociedad anónima y tendrá igual participación de las distintas entidades. El Gobierno asegura que no habrá predominio de ninguna de ellas (en alusión a Sgae), pues no será en función de lo que recauden. En caso de que en cinco meses no se hayan puesto de acuerdo será también la sección primera de la CPI la que decida sobre este escaparate que gestionará la atención al público.

Como se había anunciado durante la gestación, no tendrá en el punto de mira a los usuarios finales, aunque el ejecutivo recuerda que aquellos que de forma esporádica vulneren los derechos de propiedad intelectual están cometiendo un delito. La nueva norma perseguirá a quienes define como «vulneradores significativos» o a gran escala. Para ello se permitirá actuar por la vía civil contra las páginas de enlaces, es decir, aquellos que ordenan e indexan (es decir, hacen índices) el material protegido ilícito que otros han subido a la red. Al estar tipificado así, resultará más simple identificar a la persona o grupo que se encuentra detrás de una determinada IP, el mayor muro contra el que chocaban hasta ahora estas denuncias. También se podrá perseguir esta práctica a través de la sección segunda de la CPI, que, hasta ahora ha avanzado de forma lenta, pero que, según Cultura, ahora tendrá, además de más medios, procedimientos más simples en los que se ha tratado de aprovechar la experiencia acumulada. Se permitirán las denuncias en bloques, hasta el momento el propietario de los derechos debía ir título a título o fichero a fichero, pero se podrá reclamar que se eliminen de la red, por ejemplo, el catálogo de un solo artista o distribuidora que se esté poniendo a disposición sin permiso a través de estas webs que enlazan. Hasta la actualidad, el proceso de denuncia era lento, pero con esta ley, el trámite para identificar al infractor será más simple, ya que no habrá que localizar al agregador que está detrás, ya que la denuncia se hará mediante edicto digital, y, además, se pedirá la colaboración de aquellos que se anuncien en esas páginas, y, en caso de no lograrlo, serán sancionadas. Hasta ahora el índice de contenidos retirados (de los procedimientos que se han llevado a efecto) ha sido muy alto, pero, en caso de que no sea así, habrá multas que van desde los 30.000 a los 300.000 euros y, en caso de que persistan, se podrá pedir al juez el bloqueo técnico de la web.

Bruselas censuró el llamado canon digital por «indiscriminado», ya que gravaba soportes que eran utilizados tanto para copiar obras culturales como otro tipo de funciones. Desde entonces el Ejecutivo decidió que se cargara a los Presupuestos Generales del Estado, lo que seguirá siendo así, según el texto, aunque se hace una interpretación mucho más restrictiva del concepto de copia privada (el derecho que todo el mundo adquiere a duplicar para uso propio un producto cultural que haya comprado legalmente), ya que ésta no tiene el mismo valor en el entorno físico en el que surgió que ahora en el digital, que según la Administración, va encaminada a las licencias múltiples. Ahora quedará circunscrita sólo a los CD y DVD para uso privado y sin uso comercial. Esto se traduce en que mientras que la industria reclama unos 80 millones anuales, en 2013 Cultura les pagó apenas 8,5.

La Ley fijaba la duración de los derechos de autor sobre las obras en 70, excepto para las grabaciones fonográficas y obras musicales con letra. Al incluir la trasposición de dos directivas europeas, todas se amplían a 70 años, y además se dará mayor seguridad jurídica para los usos autorizados de obras huérfanas.

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) recomendó mantener a España en observación para comprobar su grado de respeto a la propiedad intelectual e incluirla en la lista negra si en este año no mejora sus políticas. La Alianza propone en su informe de 2014 a la oficina del Representante de Comercio Exterior de EE UU, que España vuelva a la «Lista 301», donde se sitúa a los países en los que no se respeta la propiedad intelectual e industrial, si en 2014 no progresa «de manera notable» en garantizar esa protección. El informe critica a la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), establecida en 2011, por no responder adecuadamente para evitar el comercio ilegal «pirata».

- FRANCIA

En febrero de 2013 Hollande llegó a un acuerdo para que Google compensase a la prensa francesa por usar sus contenidos: 60 millones de euros.

- ALEMANIA

En marzo de 2013 el Bundestag aprobaba la denominada «Ley Google» que obliga a los buscadores y agregadores a negociar con los editores licencias para poder reproducir sus contenidos.

- BÉLGICA

Varios tribunales de Bruselas han sentenciado la prohibición de difundir en Google textos y fotografías de diarios belgas.