¿Nadie se corrompe en la Cultura? ¿O sí?

Entre 2008 y 2024 hemos vivido década y media de intensa corrupción nacional, donde han caído presidentes de cajas de ahorros, tesoreros de partidos nacionales, ministros con afición a las prostitutas, saqueadores del presupuesto sindical y hasta élites separatistas catalanas, que parecían intocables. Lo que no hemos presenciado todavía, y da mucho que pensar, es una trama de corrupción cultural. ¿Son los ejecutivos de este sector una excepción angelical a la norma? ¿Han alcanzado el estatus de almas bellas, inmunes a la tentación? ¿Se sacia su ambición con el lujo de vivir rodeados de belleza? En realidad, se corrompen tanto como cualquiera, pero hay una enorme tolerancia institucional y la prensa del sector no parece interesada destapar sus cloacas.

El único caso relevante de corrupción cultural en nuestro país es el de Natalio Grueso, gestor estrella del centro Niemeyer de Avilés, que pasó de la admiración general del mundillo artístico a la amenaza de banquillo. Está en busca y captura desde 2023 y se rumorea que vive en Tailandia, eludiendo una condena de ocho años por malversación de fondos, falsedad documental y delito societario. Su rayo de esperanza es un indulto que fue solicitado por estrellas de la talla de Woody Allen, Joan Manuel Serrat, Aitana Sánchez-Gijón, María Pagés y Juan Echanove, entre otros. Tienen razón sus defensores en que a Grueso se le condena por ser demasiado lanzado en lo que pide la industria cultural española: exprimir presupuestos públicos con proyectos grandilocuentes, mimar a estrellas internacionales y resolver problemas sin preocuparse demasiado por la ley. Su único defecto fue pasarse un poco de rosca. Nada más.

Como en el caso de Pedro Sánchez, lo peor que tiene el arte contemporáneo español no son sus delitos, sino los vicios que consigue alimentar sin salirse de las leyes. Un caso clarísimo es el Código de Buenas Prácticas que el sector de las artes de Valencia presentó en 2007 con el objetivo de excluir para siempre a la derecha del arte contemporáneo. Amparados por el apoyo total o parcial de varias figuras relevantes del progresismo, por ejemplo la exministra del PSOE Carmen Calvo, cultiva la apariencia de neutralidad y profesionalidad para condenar al ostracismo a la derecha. Lo que era una propuesta se convierte en una urgencia con las privaciones económicas de la pandemia, que convencieron al progresismo de que conseguían monopolizar los recursos públicos destinados al arte o muchos de sus agentes morirían de hambre.

Relatos progresistas

El prestigioso crítico cultural Fernando Castro, que siempre ha hecho bandera de su izquierdismo, habló en un artículo de «secuestro buenista» de las instituciones culturales y de «pandillas trepadoras dedicadas a impedir a toda costa que se ponga coto a la mediocridad». En Valencia hemos visto gestores culturales tan desquiciados como Luis Pérez Pont, que organizó una protesta en el Centre del Carme para intentar impedir su propio despido y declaró que «los políticos pasan, los profesionales quedamos». La frase va en la línea del Código de Buenas Prácticas y trata de impedir cualquier control democrático de su trabajo y deslegitimar a partidos de derecha como agentes del mundo del arte (le despidió el gobierno de PP y Vox).

El director de museo más importante de nuestra época en el mundo hispano es sin duda Manuel Borja-Villel, una especie de jeque del chic radical, que considera que las protestas del 15-M fueron la obra de arte más importante de 2011. Borja-Villel convirtió el Reina Sofía en un centro de arte militante, con exposiciones sobre el concepto de acumulación originaria en Marx, desvíos de presupuesto a actividades de casas okupa y una expo de despedida titulada «Vasos comunicantes» compuesta en gran parte de pasquines feministas, indigenistas y de las protestas por el chapapote. Ningún movimiento social no progresista tenía cabida en su relato.

Borja-Villel es famoso por su alto nivel teórico y por su voluntad implacable para colocar afines en puestos clave de todo el sector de arte, también por la precariedad a la que sometió a gran parte de la plantilla del Reina Sofía mientras ondeaba en las expos eslóganes de pensadores revolucionarios radicales. Hoy Borja-Villel cobra unos cien mil euros al año por su trabajo como zar de los museos catalanes, un puesto creado a medida, señal de que el progresismo siempre cuida a los suyos. La corrupción del personaje estaría en elitizar el arte contemporáneo y en subordinarlo a sus ideas políticas. ¿Podrían ustedes citar a un solo artista plástico español de derechas? ¿Un solo gestor o un solo medio de comunicación que no sea progresista? ¿Algún museo construido fuera de los barrios gentrificados del país? Pues, en gran parte, el mérito es de personajes como Villel.

No se llega a estos niveles de soberbia cultural de la noche a la mañana. Si queremos situar el punto en el que comienza todo debemos retrotraernos a las elecciones municipales de 1979, que ganó la conservadora UCD pero cuyo vencedor moral fue el PSOE, ya que quedó a menos de dos puntos de diferencia del partido gubernamental y sacó más del doble de votos del Partido Comunista, su rival natural en la izquierda. Además venció en la mayoría de las grandes ciudades, transmitiendo la impresión de que el futuro era suyo y obteniendo acceso a cantidades fabulosas de dinero público para organizar actos culturales.

Comienza entonces un férreo proceso de control de los presupuestos culturales, sobre todo el de las jugosas fiestas patronales, donde el pujante PSOE va a dar preferencia de contratación a los artistas que les han apoyado en periodo electoral. No hablamos de una simple sospecha: el famoso periodista musical y deportivo Pepe Domingo Castaño se metió en serios problemas al hacer pública la carta que se mandaba desde la sede de Ferraz a los alcaldes socialistas con el listado de nombres a quienes se debía contratar. Varias de estas estrellas se cabrearon, alguna como Luis Eduardo Aute hasta el punto de acercarse a la sede de Los 40 Principales para pegar a Castaño, que tuvo que ser protegido por el personal de seguridad de la emisora.

Desde entonces los métodos se han refinado bastante, pero siguen obedeciendo al mismo patrón. Se trata de someter los recursos estatales a los intereses del partido de la manera más completa posible. Ejemplos de encuentran en casi cualquier nivel de museos, festivales y producciones audiovisuales. ¿Es normal que el Instituto Cervantes de Luis García Montero parezca muchas veces más preocupado por promocionar el catalán, asturiano y el euskera antes que el español o estamos ante una extensión obediente del relato plurinacional del actual gobierno? ¿Por qué no ha trascendido apenas el cabreo de algunos autores honestos con la feria de Frankfurt 2022, donde España fue el país invitado y en el que se desplegaron unos niveles de amiguismo y sumisión al sanchismo cultural que podemos calificar de obscenos? ¿Por qué es imposible desmontar el tinglado de las subvenciones al cine progresista que rige en España desde el decreto conocido como Ley Miró de 1983?

Mientras remato estas líneas, salta la noticia de que el Cervantes ha perdido todos los contratos con la Unión Europea por la baja calidad de sus programas de español, hasta el punto de que le ha superado una empresa belga. Su director, Luis García Montero, cobra un sueldo de 110.440,53 euros al año. ¿Estamos o nos estamos ante casos de corrupción cultural?