Iker Casillas

«Es un tema del fútbol portugués, no de Casillas»

Operación «Fuera de Juego». Inspectores tributarios han registrado sedes de equipos y domicilios de jugadores, entre ellos el del portero español del Oporto, en el marco de una investigación por fraude fiscal

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Casillas se ha visto en medio de la última polémica del fútbol portugués. La jornada amaneció con la noticia de que agentes e inspectores tributarios había registran las sedes de varios equipos de fútbol de la Liga lusa, entre ellos los más importantes: el Benfica, el Oporto y el Sporting de Portugal; pero también las del Sporting de Braga, el Vitoria de Guimarães, el Marítimo y el Portimonense, dentro de una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales denominada «operación Fuera de Juego». Pero el asunto fue a más. En total se llevaron a cabo 76 registros por todo el país, incluidos también los domicilios de algunos jugadores. Uno de ellos fue el de Iker Casillas, portero del Oporto y que recientemente ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los registros pillaron a Iker en Madrid y según su entorno, consultado por este periódico, estaba tranquilo. «Ha sido él el que ha llamado a la fiscalía para ponerse a su disposición», aseguran. «No es un tema de él, parece más un tema del fútbol portugués», añaden las mismas fuentes. Según informan algunos medios, otra de las viviendas que se inspeccionaron fue la del exjugador del Atlético de Madrid Jackson Martínez, que milita en el Portimonense. En total hay 47 imputados, 24 sociedades y 23 personas, y el nombre más sonado es el del agente de futbolistas Jorge Mendes, según publica el semanal «Expresso» en su versión digital.

Desde la candidatura a la presidencia del mítico portero de la selección española se hizo un comunicado que va en la misma dirección. «Iker [...] se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales, colaborando con ellas en todo momento y aportando toda la documentación que le ha solicitado. Iker Casillas manifiesta que está “absolutamente tranquilo” con respecto a las investigaciones y que tiene “plena confianza” en la Justicia portuguesa. Iker manifiesta su deseo de que “la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol”. “Ese es –afirma el jugador– uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol», concluyen.

El origen de la investigación está en las revelaciones llevadas a cabo por el hacker Rui Pinto, que en la actualidad está en prisión preventiva, en el caso «Football Leaks». Y en el punto de mira de las mismas, aseguran los periódicos lusos, está Jorge Mendes, uno de los agentes más importantes del mundo del fútbol y que tiene como representados, entre otros, a Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus, y al jugador del Atlético Joao Félix; y su agencia Gestifute, cuyas oficinas en Oporto y Lisboa fueron registradas, además de las dos residencias del propio Mendes.

La revista «Sabado» reveló hace un mes que la investigación se centra en contratos relacionados con los derechos de imagen de los futbolistas profesionales, así como en contratos de adjudicación, tarifas de suscripción y pagos de comisiones a terceros por la intermediación en los traspasos. La principal sospecha de los investigadores es que los clubes, corporaciones deportivas, administradores, jugadores, entrenadores, directores deportivos, agentes y abogados han recurrido a presuntos documentos contables ficticios para inflar los costes, evitar el pago del IVA y las contribuciones a la Seguridad Social. Todo esto hizo que, según informa el Ministerio Público Luso, «se investigan negocios del fútbol profesional realizados a partir de 2015», que presuntamente habrán involucrado «acciones destinadas a evitar el pago de las prestaciones tributarias debidas al Estado portugués». Se ha decretado el secreto judicial de la causa, que todavía no ha concluido.

La investigación desarrollada ayer por todo Portugal fue realizada por 101 inspectores tributarios y 181 agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR).