El juez José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz, ha acordado hoy llevarles a juicio por tres delitos fiscales en el fichaje del delantero brasileño.

Horas después de celebrar en Múnich la clasificación del Barcelona para la final de la «Champions» con dos goles de Neymar, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, se enteró de que tendrá que sentarse en el banquillo por las supuestas irregularidades en el fichaje del jugador brasileño, en el que la entidad habría defraudado a Hacienda 12,7 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –en su primera decisión de relevancia tras sustituir a Pablo Ruz, el magistrado encargado de la investigación– firmó ayer el auto de apertura de juicio oral, en el que la entidad, el propio Bartomeu y su antecesor Sandro Rosell tendrán que responder ante un tribunal por delitos fiscales y societarios en la contratación del jugador, cuyo coste la Audiencia cifra en al menos 83,3 millones de euros frente a los 57,1 que defendieron ambos mandatarios.

Bartomeu tendrá que responder de un delito contra la Hacienda Pública en 2014 por el que se enfrenta a una petición de condena de dos años y tres meses de prisión, mientras que a Rosell se le imputan dos delitos fiscales en 2011 y 2013 y un delito societario, que le acarrean una solicitud de condena de siete años y medio de prisión. Por último, la Fiscalía considera al Fútbol Club Barcelona responsable, como persona jurídica, de tres delitos fiscales en los años 2011, 2013 y 2014.

El juez De la Mata no acuerda medida alguna para garantizar el pago de las posibles responsabilidades civiles por Bartomeu y su antecesor, porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado dicha medida. Sin embargo, el magistrado sí acuerda, a instancias de los Servicios Jurídicos del Estado, retener los 13,5 millones que pagó a Hacienda el Barcelona para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles y multas derivadas del fichaje.

El fiscal José Perals reclama la imposición de una multa de 25,1 millones a Rosell, de 22,2 millones al Barcelona y de 3,8 al actual presidente del club. A estos dos últimos les aplica la atenuante de reparación del daño causado ya que ingresaron a la Agencia Tributaria la cantidad referida para responder de posibles irregularidades fiscales.

De la Mata reclama asimismo a Deloitte que identifique a los autores de los informes de las auditorías contables del Barcelona de las temporadas 2011 y 2012 –que advirtió al club del «riesgo que suponía al tratamiento fiscal de la operación»– para que sean citados como testigos.

A lo largo de 26 folios, el magistrado de la Audiencia Nacional repasa los hechos por los que Bartomeu y su antecesor se sentarán en el banquillo. Y detalla los once contratos firmados, entre noviembre de 2011 y julio de 2013, para la adquisición del jugador. Rosell y Bartomeu, dice el juez, «decidieron mantener públicamente» que el coste del fichaje era de 57,1 millones, aunque sabían que, en realidad, el coste era mayor, «ocasionándose de este modo un perjuicio a la entidad».

Para enmascarar ese sobrecoste, Rosell «ideó fragmentar el pago en diversas partidas», un rosario de contratos con sociedades de la familia Neymar que encubrían retribuciones al jugador que no tributaron a Hacienda como tal.

Bartomeu, recalca la Audiencia, «asumió la continuidad del entramado defraudatorio», asumiendo los pagos pendientes en 2014, unas cifras que «fueron ocultadas» al club y que «no se incluyeron en las cuentas anuales».