El sueldo de los funcionarios absorbe casi la mitad de los recursos autonómicos

Las comunidades autónomas han gastado mucho más de lo que han ingresado en los diez primeros meses del año. En concreto, 6.060 millones de euros más en los últimos doce meses, que pasan a engrosar el déficit de las administraciones públicas y son responsables casi en su totalidad de que el déficit público se haya disparado un 35% entre enero y octubre, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. De un superávit de 1.632 millones han pasado a un déficit de 4.428 millones. Eso sí, las regiones solo concentran una cuarta parte del agujero. Un 40% corresponde a la Administración Central (7.259 millones) y un 33% es «culpa» de la Fondos de la Seguridad Social (5.896 millones), aunque en ambos casos han disminuido.

En total, las administraciones públicas han registrado una necesidad de financiación de 17.577 millones de euros entre enero y octubre. Esta cifra equivale al 1,41% del Producto Interior Bruto (PIB). En el mismo periodo de 2018 el déficit fue de 13.010 millones, un 1,08% del PIB. En el caso particular del Estado, Hacienda ofrece datos adelantados hasta el final de noviembre, en los que registra un déficit de 10.987 millones. Aunque supone un 6% menos que un año antes, está casi 4.000 millones por encima del dato de octubre. En el caso de las corporaciones locales, las cifras solo se ofrecen de momento hasta el cierre de septiembre. Ayuntamientos, cabildos y diputaciones tienen un superávit de 2.541 millones de euros. No obstante, son 1.122 millones menos que en las mismas fechas de 2018.

El empeoramiento de las cuentas regionales se debe a que el aumento de los gastos (+5,6%), supera ampliamente al de los ingresos (+4,2%). A este resultado ha contribuido la liquidación definitiva del sistema de financiación, que ha sido inferior en 2.752 millones en términos netos, y el aumento del 5,9% en la remuneración de empleados públicos. El sueldo de los funcionarios (65.386 millones de euros entre enero y octubre) es la principal partida del gasto regional, pues consume el 43% de los recursos. Si hace un año eran mayoría las comunidades con superávit y una excepción las deficitarias, ahora es todo lo contrario. De apenas cinco regiones con déficit se ha pasado a trece. Solo se salvan Navarra, País Vasco, Canarias y La Rioja, aunque esta última por apenas dos millones de euros. Especialmente delicada es la situación financiera de Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, todas ellas con déficits superiores al 1% del PIB. Para 2019, los objetivos de estabilidad establecen que las comunidades autónomas no deberían superar el 0,1% de déficit. Madrid y Cataluña, las dos mayores regiones pues cada una aporta un 19% del PIB nacional, tienen un desfase entre ingresos y gastos de 440 y 669 millones de euros, respectivamente. En cualquier caso, tienen más a tiro acabar cumpliendo el objetivo anual, pues Madrid está en el 0,18% y Cataluña en el 0,28% de déficit en relación al PIB. Andalucía, la tercera región que más aporta (13% del total), sufre un déficit de 647 millones, equivalente al 0,39% del PIB regional.

Hacienda señala en su informe que la evolución negativa de las cuentas regionales se debe a que los ingresos y los gastos que se están comparando están influenciados por el hecho de no haber sido posible la actualización ordinaria de las entregas a cuenta del ejercicio, como consecuencia de no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2019. No obstante, apunta a que «este problema ha sido solventado» tras la aprobación en octubre por parte del Gobierno en funciones de la actualización de las entregas a cuenta. Con esta medida, aprobada a través de un real decreto, los recursos de las comunidades aumentaron en 4.682 millones de euros. Estos fondos llegaron a las regiones en dos plazos entre noviembre y diciembre, por lo que aún no aparecen reflejados en los datos de déficit. Sánchez desbloqueó estos fondos justo antes de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, pese a que en verano la Abogacía del Estado afirmaba que un Gobierno en funciones no podía entregar este dinero.

El superávit del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fogasa (encargado de pagar a los trabajadores de empresas insolventes) maquillan ligeramente el déficit de los Fondos de la Seguridad Social. Si se atiende estrictamente al Sistema de Seguridad Social, el déficit hasta octubre es de 7.346 millones. Esto es un 2,2% menos que un año antes, gracias sobre todo al aumento de las cotizaciones sociales. Estos ingresos han crecido con fuerza, además de por el aumento de trabajadores, por el alza de las bases de cotización al elevar hasta los 900 euros el salario mínimo. Según los datos del Ministerio de Trabajo, hasta finales de noviembre la Seguridad Social ingresó 113.627 millones de euros por cotizaciones, un 8% más. El gasto en pensiones ha subido un 5,4%, hasta los 115.985 millones, además de 2.262 millones en prestaciones no contributivas.