La Cámara de Barcelona estudia denunciar a las empresas que huyeron del “procés”

La Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra de Comerç) ha vuelto a la carga con su activismo independentista. La última ocurrencia de su presidente, Joan Canadell, ha sido la de denunciar ante los tribunales a las empresas que hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña de forma «irregular». De momento es sólo una idea «que se está estudiando», pero el mero hecho de barajarla posibilidad de presentar una denuncia colectiva contra las compañías «huidas» ha vuelto a traer a la actualidad a una institución que hace ya tiempo que ha dejado de lado su vocación empresarial para abrazar el activismo político.

Pese a que Canadell ha lanzado este globo sonda en un entrevista publicada en el periódico Ara, los expertos jurídicos consultados por LA RAZÓN le otorgan poco recorrido, ya que todas las empresas que decidieron cambiar su sede social lo hicieron bajo el amparo del Decreto-ley 15/de 6 de octubre de 2017, que autoriza a las empresas que quieran trasladar su domicilio social a hacerlo sin necesidad de acudir a la junta de accionistas, sino que es el órgano administrativo competente el que decide el cambio de domicilio social, sin necesidad de la aprobación de los accionistas.

Vuelta de tuerca

El objetivo de Canadell es que las empresas que en otoño de 2017 desplazaron sus oficinas centrales fuera de Cataluña como consecuencia de la situación política y la fallida declaración de independencia regresen a su territorio obligados por una decisión judicial. El presidente de los empresarios barceloneses defiende que «no se puede tener la sede en un lugar si no tienes un mínimo de estructura» en el nuevo lugar de ubicación, y «esto está pasando con la mayoría «de las empresas que se fueron». Pero Canadell no da pistas sobre cuándo ni cómo presentarán sus demandas. «Es algo que se ha planteado pero que, de momento, no hemos hecho nada, porque estamos pendientes de ver qué hacen algunas empresas, que sabemos se están planteando volver». Según sus cuentas, el 65% de los empresarios catalanes son independentistas.