El campo español, pendiente del dinero de la PAC y del nuevo Gobierno

El campo está pendiente en estos días de si finalmente Pedro Sánchez resulta investido presidente del Gobierno, de si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene su estructura actual, termina fusionado con otro Departamento o incluido en uno más amplio; también está a la espera de saber quién será la persona que dirija la política agraria. De todo lo anterior dependerá la posición que adopte España en la negociación del Marco Presupuestario 2021/27 en la Unión Europea (UE), en el que se fijará la cantidad de dinero que habrá para financiar la Política Agraria Común (PAC), y también en el otro proceso negociador, en este caso para establecer la PAC del futuro. Estos dos últimos son los retos más importantes que tienen el sector agrario y el medio rural español en este año que acaba de comenzar.

Las negociaciones presupuestarias en la Unión Europea están empantanadas. Se esperaba un acuerdo para finales del ejercicio pasado, pero no fue posible. Ahora, los más optimistas de Bruselas hablan de cerrar un pacto al principio de la primavera, pero parece muy difícil. La propuesta de la Comisión Europea de fijar en el 1,11 por ciento el porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) que deberían aportar los Estados miembros a las arcas comunitarias, ha sido rechazado por un grupo de países contribuyentes netos, con Alemania y Holanda a la cabeza, que plantean dejarlo en el 1 por ciento. Si con el porcentaje de la Comisión se proponía un recorte en el dinero de la PAC que oscilaba entre el 5 y el 15 por ciento, dependiendo de cómo se hiciesen los cálculos, suponiendo que triunfasen las tesis alemanas el recorte podría ser todavía mucho mayor. España y Francia se oponen a la bajada del dinero de la PAC.

Mientras no se haya cerrado esa cantidad, será muy difícil avanzar en la negociación de la nueva PAC, el otro gran reto del año que acaba de comenzar. A ellos habría que añadir la gestión del capítulo comercial del Brexit, vital para muchas empresas agroalimentarias españolas, la guerra comercial desatada entre la UE y Estados Unidos y la negociación de diversos acuerdos comerciales, como los de Australia y Nueva Zelanda, y el Pacto Verde europeo que lo hipoteca todo.