UGT
Becarios precarios: un gran nicho para defraudar
Este tipo de contratos y convenios tienen un impacto en la Seguridad Social de hasta 1.594 millones de euros en cotizaciones sociales que dejan de ingresarse
Las prácticas deben ser un periodo de aprendizaje y de adaptación al mundo laboral. Sin embargo, en numerosas ocasiones se acaban convirtiendo en auténticas jornadas laborales a tiempo completo que permiten a las empresas ahorrarse un pellizco en contratación de personal. Este tipo de contratos y convenios esconden una amplia red de precariedad laboral que tienen un impacto en la Seguridad Social de hasta 1.594 millones de euros en cotizaciones sociales que dejan de ingresarse cada año, según un estudio elaborado con datos de 2018 por Revolución Ugetista (RUGE), la organización juvenil de UGT.
Este impacto equivale a las cotizaciones por los salarios que tenían que haberse pagado por estos desempeños, según indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de entre 20 y 29 años (14.349 euros al año). Esta cantidad es de 1.143 millones de euros medida con el Salario Mínimo (SMI), según el informe, que cifra en 886.079 personas las que hicieron en 2018 prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional y cuyo ejercicio equivale a cerca de 300.000 puestos de trabajo anuales. El desempeño de estos empleos habría aportado 3.049 millones a los trabajadores si hubieran cobrado el SMI y 4.251 millones en función de los datos de la encuesta de estructura salarial.
La “Guía sobre Becas, Contratos en Prácticas y Contratos para la Formación” de UGT señala la línea que separa la beca del fraude. Si el interés que predomina es la formación y las tareas del estudiante están destinadas a ello, se trata de una beca. Si por el contrario, la actividad del becario se traduce en un beneficio para la empresa, existiría una relación fraudulenta y precaria. Las empresas que recurren a este tipo de prácticas aprovechan la pasión y la dedicación de aquellos estudiantes que están dando sus primeros pasos en la profesión para sustituir puestos de trabajo estructurales de la empresa. “Se trata de un abuso laboral aprovechándose de la necesidad de una persona para adquirir experiencia”, denuncia el sindicato.
En los portales de trabajo online también están proliferando las ofertas de becas que van dirigidas a personas que van en busca de trabajo. Ante la ausencia de empleos reales, muchos optan por probar suerte con la ilusión de conseguir un ascenso al terminar el periodo de prácticas. Finalmente, estos jóvenes, y no tan jóvenes, acaban convirtiéndose en eternos becarios que no terminan de incorporarse al mundo laboral.
Las prácticas se dividen en dos tipos. Por un lado están las prácticas curriculares, necesarias para aprobar la carrera o los estudios y, por otro, las extracurriculares, no exigidas en el plan de estudios. Estas últimas están destinadas a ganar experiencia y son las que registran una mayor cantidad de fraudes, ya que en numerosas ocasiones están mal remuneradas o incluso no cuentan con ningún tipo de remuneración. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que las empresas pueden llegar a recibir hasta 6 euros hora de prácticas/alumno mediante concesión directa, para pagar el coste de los tutores, el seguro y los gastos de equipamiento y vestuario del alumno. "Nosotros reivindicamos que este tipo de prácticas pasen a ser laborales, con un contrato de trabajo y todos los derechos de cualquier otro trabajador", solicita RUGE.
Para identificar cuándo unas prácticas cumplen o no los requisitos formales, la Guía de RUGE señala las condiciones que debe obedecer la empresa con la que el alumno establezca la beca. El programa de prácticas tiene que celebrar un convenio de colaboración en el que se incluya la labor a desempeñar, los horarios, la duración del periodo de prácticas, así como los centros donde se desarrollará la actividad. Además, el alumno deberá estar afiliado en su código de cuenta de cotización y, al finalizar las prácticas, este recibirá un certificado de realización. Ante cualquier problema o incumplimiento del convenio, el centro educativo tendría que responder en defensa de la formación de su alumno y no dejar pasar fraudes con el objetivo de mantener la relación con la empresa en cuestión.
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