La última reforma en la estructura de diferentes Ministerios va a provocar importantes dificultades de coordinación interna, con posibles repercusiones negativas para el campo español en tres ámbitos concretos: política forestal e incendios, consumo y bienestar animal. Estamos, por lo tanto, ante otro problema más que se suma a los muchos y graves que padece el sector agrario y que han provocado la última oleada de protestas.

De entrada, Luis Planas ha perdido las competencias de política forestal y de incendios, que estaban incluidas dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Departamento de Teresa Ribera se hace cargo de las mismas. Al final ha habido una solución salomónica porque la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica no se lleva la política de regadíos, algo a lo que aspiraba su segundo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pero Planas ha tenido que ceder en política forestal e incendios. En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico siguen la Dirección General del Agua y la Oficina Española de Cambio Climático, asuntos de vital importancia para el campo, y se crea otra Dirección General nueva a la que ahora se incorporan las competencias sobre política forestal y lucha contra la desertificación; también es el competente en los asuntos demográficos y en la lucha contra la despoblación, dos problemas muy graves que aquejan al sector agrario español.

Las competencias en materia de consumo van a ser fuente de conflictos. El Real Decreto que recoge la estructura orgánica de los distintos Ministerios establece que los de Consumo, Sanidad y Agricultura se coordinarán para «garantizar el funcionamiento cohesionado» de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuyas competencias se han troceado. Finalmente, dependiendo de la vicepresidencia que ostenta Pablo Iglesias se ha creado la Dirección General de Derechos de los Animales. Y ahí surge una gran duda, porque parte de sus posibles competencias están ahora en el Ministerio de Agricultura, que las perdería. Este hecho preocupa, sobre todo a la vista del perfil del titular que se ha nombrado para la misma, que debería decidir lo que pueda suceder con la ganadería enfocada a la producción de alimentos, tanto la de carácter extensivo, que iría más en la línea de lo previsto en el pacto firmado en su día por el PSOE y Podemos, como la intensiva, con las macrogranjas a vueltas, que estará más en el punto de mira.

Ahora toca negociar cómo se realiza la distribución de competencias para nutrir de contenido a la Dirección General recién creada y cuáles son las que salen del Ministerio de Agricultura. En este contexto, cabe recordar que las comunidades autónomas tienen transferidas una parte significativa de las funciones sobre bienestar animal y sanidad ganadera. Lo mismo sucede con las de política forestal, incendios y consumo, por lo que habrá que contar con ellas también y no invadir sus ámbitos.