El “trilema” de las pensiones

La mayor parte del gasto de España se lo comen las pensiones. En concreto, el 42% de los recursos del Estado, más de 153.000 millones de euros. La deuda del sistema sobrepasa los 53.000 millones y podría acabar el año en cerca de 70.000 millones, tras acumular otro déficit estructural del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros, en contraste con el superávit promedio del 1,2% del PIB de los años previos a la crisis. El Gobierno pretende blindar el alza anual de las pensiones indexadas al IPC a pesar del aumento de la tasa de dependencia, debido al incremento de la esperanza de vida, y de la jubilación de los “baby boomers”, cuyo pico se alcanzará entre 2040 y 2050 a pesar de que sus efectos ya se dejan notar en el sistema. La suspensión de los principales elementos de la reforma realizada en 2013 aleja la viabilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo, como ha alertado en numerosas ocasiones el Banco de España. Pese a estos avisos, la coalición social-comunista prevé tumbar también esta reforma, dinamitando por completo el llamado “factor de longevidad”, que pretendía introducir en la distribución de la pensión la mayor esperanza promedio de vida. ¿Es viable no acometer recortes? O dicho de otra forma, ¿cobrarán pensión las cohortes que hoy sostienen el sistema sin que los actuales jubilados se aprieten el cinturón? La mayoría de expertos coinciden en que el sistema es viable, pero se enfrenta a un “trilema”. Se puede mantener la equidad intergeneracional, por la que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones e impuestos de quienes trabajan ahora, y las del futuro se pagarán con los ingresos de los asalariados y cotizantes de ese momento. Se pueden revalorizar de acuerdo al IPC. Y también se puede mantener la tasa de reposición. Uno de estos conceptos puede aplicarse, pero los tres es imposible sin asfixiar al sistema y aumentar su deuda al menos hasta 2050.

Adiós al “todo el mundo tiene derecho a una pensión digna”

En otras palabras, se pueden subir las pensiones de acuerdo al IPC “sine die”, pero no se podrá mantener entonces la afirmación de que “todo el mundo tiene derecho a una pensión digna” aunque no haya aportado demasiado a la “caja común” durante su vida laboral. Todos los estudios dan por hecho que la tasa de dependencia se duplicará en España en las próximas décadas. El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sostiene que habría que ajustar la edad real de jubilación (que se encuentra cerca de los 63 años) a la legal, lo que ahorraría ingentes recursos, pero se antoja insuficiente, según los expertos consultados por este diario. Para empezar, porque los ciclos económicos pueden sacudir de nuevo a España con una mala racha que ahogaría aún más al sistema y porque el principio de suficiencia no puede quedar limitado solo a los actuales pensionistas, lo que resultaría insolidario, sino que debe servir a las futuras generaciones.

La pretensión de subir impuestos a los ricos para pagar las pensiones, como sugiere el ala más radical del Gobierno, se cae en cuanto se señala que el patrimonio de Amancio Ortega solo daría para pagar las pensiones españolas durante medio año, como señala el profesor de economía y colaborador de Fedea Miguel Ángel García. Incrementar las cotizaciones, más aún tras las dos últimas subidas del SMI; tendría un efecto negativo en el empleo y limitaría la renta disponible de las generaciones futuras. Mantener las tres variables de la ecuación, como hasta ahora, llevará a gastos cercanos al 15% del PIB forzará a mantener tasas de crecimiento de la economía superiores a las actuales hasta ese 2050 en el que, según las previsiones, todo volverá a la casilla de salida gradualmente.