El Gobierno empieza tomarse en serio la crisis del coronavirus. Tras el batacazo bursátil de la semana pasada, los primeros síntomas de parón industrial por problemas de abastecimiento y el impacto negativo que sobre el empleo ha provocado esta epidemia han hecho reaccionar al Ministerio de Trabajo. Su primera medida ha sido la publicación de una guía de actuación en el ámbito laboral. Con ella pretende marcar las pautas que deberán seguir empresas y trabajadores en situaciones de riesgo, además de autorizar a las compañías que se vean necesitadas de paralizar su actividad empresarial por causa directa del coronavirus a suprimir los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social durante el periodo total de cierre. Eso sí, deben acreditar «debidamente» que sea por «fuerza mayor», como establecen los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Esta medida, que debe ser autorizada por la Inspección de Trabajo las autoridades sanitarias, garantizará que el período liberado de cotización contará como «efectivamente cotizado por el trabajador». En el caso en el que se produzcan despidos, «las indemnizaciones correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial».

Según esta guía –con consejos y obligaciones sobre la gestión de la epidemia–, las empresas están obligadas a «informar lo antes posible» acerca de la existencia de cualquier contagio y de adoptar las medidas necesarias para que, en caso de «peligro grave, inminente e inevitable», los trabajadores puedan «interrumpir su actividad» y, si fuera necesario, «abandonar de inmediato el lugar de trabajo». El Ministerio autoriza a las compañías a paralizar de forma «temporal» o «total» su actividad. Sin embargo, advierte de que «la mera suposición o la alarma social generada» no son suficiente causa para paralizar la actividad empresarial, sino que la decisión de hacerlo debe tener una base médica «carente de apreciaciones subjetivas» y que se decida por «la elevación del riesgo de contagio para los trabajadores».

Tres fórmulas

El departamento de Yolanda Díaz propone tres fórmulas para afrontar la crisis del coronavirus: teletrabajar con «carácter temporal y excepcional» hasta que pase la situación de riesgo; suspender de forma total o parcial la actividad con un expediente de regulación de empleo, en tanto en cuanto «la causa productiva, técnica u organizativa no afecte a la totalidad de las horas o días de trabajo»; y suspender la actividad sin tramitación de un expediente de regulación. En este caso se aplicaría lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que los empleados conservarán su salario completo. Estas medidas no pueden transgredir los artículos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó ayer que el Ejecutivo está estudiando implementar ayudas fiscales a las empresas si el coronavirus se prolonga en el tiempo e impacta en la economía. En este sentido, ha confirmado que se podrían adoptar medidas económicas similares a las que ha tomado el Gobierno italiano para ayudar a las empresas a reducir el impacto económico que causaría esta epidemia en el crecimiento del país.

No lo cree así la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ayer manifestó que el impacto del virus en el crecimiento es todavía «poco significativo», y que hay que tomar los datos con cautela «porque dependerán de la duración y el alcance» de la crisis sanitaria. Calviño no parece hacer caso a los principales indicadores, que apuntan ya hacia un parón general. El último, el índice de actividad comercial del sector Servicios, que sumó su segundo mes consecutivo a la baja y marcó el ritmo de crecimiento más débil desde el año 2013.

> Consulte aquí la guía para empresas frente al coronavirus