El Gobierno no cede y obliga a los autónomos a pagar alquiler de los locales profesionales

Los autónomos está siendo el colectivo que más quebraderos de cabeza está causando en varios ministerios. Trabajo, Seguridad Social, Economía, Agenda Urbana... Los sucesivos decretos ley y las medidas económicas tomadas por el Gobierno han tenido que ir incorporando poco a poco sus demandas, tras constatar que las primeras decisiones no habían atendido muchas de sus necesidades. Con el último paquete de medidas -aplazamiento de cotizaciones y cuotas, y la moratoria sobre las hipotecas-, el Gobierno quiso dar por cerrado este capítulo. Sin embargo, las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) no lo han hecho y reclaman que, de una vez por todas, este colectivo -al que pertenecen más de 3,2 millones de trabajadores- también pueda aplazar el pago de sus alquileres comerciales y profesionales, que sí se han autorizado a inquilinos particulares.

El último real decreto no ha servido para solventar esta situación, ya que solo dado luz verde a una extensión de la anterior moratoria hipotecaria. Ahora, autónomos y personas físicas que sean arrendadores de viviendas, locales y oficinas podrán solicitar el aplazamiento de los pagos de las hipotecas correspondientes si no están recibiendo sus rentas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Desde ayer, empresarios y profesionales que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída en su facturación de al menos un 40% tendrán derecho a esta moratoria, que se extenderá durante un plazo de uno a tres meses. Nada se dice de autónomos y personas físicas arrendatarias, que tendrán que seguir pagando sus alquileres de locales comerciales y profesionales aunque tengan sus negocios cerrados por culpa de la pandemia.

En este sentido, ante los problemas de los autónomos para hacer frente a los gastos estructurales que generan los negocios, aunque permanezcan cerrados, el departamento jurídico de UPTA ha encontrado una solución legal como último recurso si el Ejecutivo no libera a los autónomos de los alquileres. Inés Mazuela, directora jurídica de la asociación, interpreta que si la actividad del negocio ha sido suspendida por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma, por aplicación del artículo 1.105 del Código Civil, “nos encontramos ante un supuesto de exoneración de rentas por fuerza mayor -nunca por caso fortuito-, por lo que, en aplicación de la ‘doctrina rebus sic stantibus’, el arrendatario quedaría exonerado del pago de la renta, en los términos que establece el contrato, desde la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto”. Esto supone que, en referencia al mes de marzo, “existe obligación de pagar la renta a prorrata por el periodo comprendido entre el día 1 y el día 14 de marzo, previa emisión por el arrendador de factura en legal forma comprensiva de la base exacta, más el IVA aplicable y, en su caso, menos la retención a cuenta de IRPF y siempre que el arrendatario notifique fehacientemente al propietario esta circunstancia”, explica Mazuela. Esta exoneración se mantendría mientras se prolongue la declaración de estado de alarma.

Según UPTA, no se pretende judicializar esta situación, su propuesta es que para que exista “una distribución equitativa entre las partes (arrendador-arrendatario) de los daños ocasionados por la fuerza mayor y no resulte excesivamente oneroso para la parte arrendataria se debería negociar la exoneración de un 50% de las rentas de alquiler de locales de negocio, mientras dure el estado de alarma, dejando a la voluntad de las partes la cuantía y plazos para hacer frente al pago de la renta no exonerada una vez finalice el estado de alarma”. Eduardo Abad, presidente de UPTA, hizo esta propuesta al Gobierno el pasado 28 de marzo, pero aún no ha recibido una respuesta positiva. “Los autónomos, especialmente aquellos que han visto suspendidas sus actividades, necesitan que se implementen medidas complementarias a las ayudas ya aprobadas por el Gobierno para poder afrontar con mínimas garantías la situación excepcional en la que nos encontramos”, explica Abad, que no entiende que “a los autónomos se les haya dejado fuera de la exoneración del pago de los alquileres. Pero seguimos trabajando para que el Gobierno entienda que es una medida necesaria”.

También el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sigue cargando con lo que entiende una nueva”dejación de obligaciones del Gobierno con los autónomos. El pago de los alquileres es una losa muy pesada para la mayoría trabajadores por cuenta propia que ahora mismo tienen ingresos cero”, sentencia. Por su parte, Uatae recuerda al través de un comunicado que, al igual que la moratoria hipotecaria, es necesario “contemplar una suspensión o un mecanismo de ayudas públicas para el pago de alquileres de locales y oficinas, ya que muchos autónomos son arrendatarios y no propietarios”.