Motor de la recuperación

España se enfrenta a la peor crisis económica de su historia reciente. Y el papel de las infraestructuras resultará determinante en su porvenir. Es verdad que el hundimiento rondará los dos dígitos y que la deuda se disparará hasta niveles próximos al 114% del PIB, lo que deja poco margen de maniobra. Pero también es cierto que esta inversión tiene un efecto multiplicador que podría arrancar uno de los motores de la recuperación, en la medida en que por cada millón de euros invertidos en infraestructuras se generan 14 puestos de trabajo, además de producir un retorno fiscal del orden del 49%.

De hecho, de acuerdo a los expertos, recuperar la inversión en obras públicas debería ser motivo de un Pacto de Estado, después de que las dotaciones que han recogido las cuentas públicas de los últimos 10 años hayan sido claramente insuficientes para las necesidades reales del país, atendiendo fundamentalmente a los recortes presupuestarios exigidos desde Bruselas.

España, antaño líder en el ranking de los países con las infraestructuras más desarrolladas, está perdiendo el diferencial positivo que teníamos frente a los competidores. Y ello podría mermar la competitividad de algunos sectores claves para la economía, como el turismo o las exportaciones, al contar nuestro país con infraestructuras más deterioradas.

Para subsanar esta deficiencia, Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos defiende que el Estado debería aumentar el volumen de licitación oficial en 0,9 puntos del PIB, las comunidades en 0,8 puntos y las administraciones locales en 0,5 puntos. Es decir, «la Administración debería multiplicar por cuatro los recursos que dedica actualmente a este fin», asegura.

En esta línea, otros estudios alertan de que España tendría que invertir 18.300 millones de euros de media en cada uno de los años de la próxima década para corregir las deficiencias en mantenimiento, conservación y rehabilitación, así como para evitar la degradación de las obras públicas. Sin embargo, en 2017 apenas se dedicaron 8.788 millones a estas necesidades.

Sea como fuere, España está a gran distancia de invertir en obras públicas el 2% del PIB, que es la tasa usual en los países desarrollados. Y eso pese a que esta inversión constituiría uno de los pilares para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. De ahí que lo ideal pasaría por buscar el equilibrio entre maximizar la inversión pública y lograr fuentes alternativas de financiación privada, para lo que Javier González, socio de Kearney, abogaría por desarrollar un marco regulatorio coherente y por armonizar nuestro modelo de financiación con las mejores prácticas del continente europeo.

La gravedad de nuestra situación presupuestaria hace prever medidas extraordinarias y estrictas en torno al control del gasto público, teniendo en cuenta que España tendrá el déficit más alto de Europa, lo que probablemente afecte a la inversión pública en infraestructuras. Pero Luis Garvía, profesor de Finanzas de ICADE Business School, recuerda que existen modelos que permitirían realizar estas inversiones sin coste alguno para el Gobierno. «La colaboración público-privada será una de las claves para reconstruir la economía española», apostilla.

Vivir de las rentas

En este escenario, en el que prima la necesidad de controlar cada euro que se invierta, debe priorizarse aquello que beneficie directamente al progreso sostenible de la sociedad, como el transporte y la movilidad, el ciclo integral del agua, la energía renovable, el tratamiento de residuos, las ciudades inteligentes, la protección de los sistemas naturales o la seguridad frente a eventos naturales extremos. Al menos, según Francisco Javier Martín-Carrasco, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, las previsiones de inversión para el futuro más inminente, si se mantiene el criterio de los últimos años, «son peligrosamente insuficientes. Llevamos años viviendo de las rentas, del extraordinario patrimonio que construimos, pero que algún día se agotará por falta de renovación, conservación y mantenimiento».

Especialmente importante resultaría la inversión en infraestructuras de salud para reforzar nuestro sistema sanitario. Máxime cuando tenemos aún un déficit significativo en este campo respecto al resto de Europa, con una dotación un 60% inferior a la media europea (3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes frente a las 5 camas de media que tienen los países de la Unión Europea para el mismo número de ciudadanos).

No obstante, los devastadores efectos que tendrá el coronavirus a nivel sanitario, económico y social, así como la falta de unos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, dificultan enormemente saber los recursos con los que se contarán.

En cualquier caso, el intento de corregir el desfase presupuestario frenó en seco la inversión en infraestructuras, hasta el punto de que esta partida llegó a soportar más de la mitad del ajuste total que se realizó en las cuentas públicas. Ahora los niveles de inversión se sitúan en entornos próximos al de 1995 y el envejecimiento del parque español es tal que –más o menos– una de cada cuatro infraestructuras supera los 20 años.

Son datos del último informe «El stock de capital en España y sus comunidades autónomas. Evolución de la edad media de las inversiones y envejecimiento del capital», elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, del que también se desprende que si el ritmo inversor se mantiene en los umbrales actuales, en 2030 la mitad de las infraestructuras públicas españolas tendrá más de 20 años.

Si nos remontamos a la época de 1980, gran parte de los fondos europeos se dedicaron en España a obras públicas. Martín-Carrasco explica que la extraordinaria preparación de los ingenieros españoles, un adecuado sistema de contratación pública, unas empresas muy competitivas y la acertada decisión de todos los gobiernos de invertir en obra pública permitieron construir en 25 años un país nuevo, que «posiblemente tenía en su conjunto el mejor sistema de infraestructuras del mundo». Pero hace 10 años la situación cambió drásticamente, como consecuencia de la anterior crisis financiera, y hoy en día «es incluso insuficiente para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras actuales», añade el director de ETSI.

La caída de la inversión ha sido ininterrumpida, prácticamente, a lo largo de una década. El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos explica que 2018 fue el séptimo año consecutivo en el que se destinó menos del 1% del PIB a obra pública en España. El último ejercicio en el que se superó esa tasa fue 2011, cuando se invirtieron algo más de 10.854 millones de euros, datos que reflejaban una insuficiencia que aún se mantenía cinco años después de que nuestro país saliera de la recesión. «La licitación oficial en el años 2018 supuso todavía algo menos de la mitad de la inversión media realizada durante la crisis, entre 2008 y 2014. En 2019, se recuperó para invertir casi 10.000 millones de euros, que representaron el nivel más elevado desde 2010», detalla.